La caída de Mario Godoy

Todo lo que sigue se sostiene en una prueba: los audios en los que la mano derecha del presidente del Consejo de la Judicatura le pide a un juez anticorrupción 'un poquito más de atención a la defensa' de un narcotraficante serbio. No fue una versión ni una filtración de pasillo. Fue una grabación, y Andersson Boscán la transcribió y la publicó el 22 de diciembre de 2025, en el primer programa que hizo fuera de La Posta. Lo que quedó registrado ahí es que la Judicatura, el órgano que gobierna a la justicia que combate al crimen organizado, presionaba a favor del narcotráfico. Sesenta y cuatro días después de la primera columna sobre el caso, la Asamblea censuró y destituyó a Mario Godoy con 148 votos y ninguno en contra. Para medir el peso de esos audios hay que empezar once años antes.

Hace once años la Policía ecuatoriana encontró a un serbio con 153 kilos de cocaína, tres sacos de cemento. Se llama Jezdimir Srdan, es de la mafia de los Balcanes, socia de la mafia albanesa en Ecuador, y ya había evadido dos veces a la justicia de Perú: la primera porque no tenían quien tradujera. En Ecuador un juez lo condenó en 2014 a 17 años de prisión. No los cumplió. El 9 de mayo de 2019 el juez Jorge Alexander Martínez Olivares aplicó una teoría propia: como la nueva ley fijaba la pena mínima en 10 años y no en 17, rebajó la condena un 42 por ciento; como Srdan llevaba cuatro años y tres meses preso, el 43 por ciento, firmó 'extinción de la pena por cumplimiento'. Pasó cuatro años de diecisiete. En Ecuador no lo contó nadie; la prensa serbia sí, cuando lo vio operar de nuevo en Europa.

Al juez Martínez Olivares lo destituyeron meses después. La fiscal Yanina Villagómez, del Guayas, emitió un dictamen abstentivo: no encontró delito. En marzo de 2023, con una acción de personal firmada por la directora provincial encargada del Guayas, María Fabiola Gallardo, fue reintegrado como juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil. La policía alemana, entre tanto, había entrado a Sky, la aplicación que usan los albaneses y buena parte de los narcotraficantes en Ecuador, y dio con Srdan: el que pasaba 153 kilos pasaba ahora diez toneladas y había metido casi 11 millones de dólares al sistema bancario ecuatoriano. Nadie dijo nunca en qué banco. Los alemanes presionaron y Ecuador tuvo que actuar: Srdan volvió a caer con dos procesos, narcotráfico y lavado de activos.

El contexto ya estaba servido. En junio de 2025, en Café la Posta, Boscán había empezado a ponerle cara a los jueces que liberaban al crimen organizado y entrevistó al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, el mismo día en que se conoció la fuga de alias Fede de la Penitenciaría vestido de militar. Godoy habló de un 'falso espíritu de cuerpo' entre los jueces, de 93 servidores sancionados y 48 jueces destituidos, de una declaratoria de emergencia judicial, y negó perseguir a la jueza Nubia Vera, que lo había acusado de entregarle en un pendrive la sentencia del caso de Verónica Abad. Los nombres que Vera había dado al aire eran tres: Mario Godoy, Henry Gaibor y Jorge Carrillo. Boscán se los aprendió.

El juez Carlos Serrano, de la Unidad Anticorrupción de Pichincha, tuvo un noviembre complicado. El 6 estalló una bomba afuera de las oficinas de los jueces anticorrupción; la noticia pasó de agache. Después empezaron las llamadas. Lo llamaba Henry Gaibor, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, la mano derecha de Godoy: si un juez recibe una llamada de Gaibor o de Carrillo, sabe que lo llama alguien en nombre del presidente de la Judicatura. Gaibor quería conversar. Serrano le dijo que si era sobre algo jurisdiccional no se sentía cómodo. 'No es nada malo, es algo bueno', 'tiene que ser en persona'. La reunión fue el 10 de noviembre de 2025, diez días antes de la audiencia de Jezdimir Srdan. Serrano la grabó. Boscán transcribió personalmente los audios y los publicó el 22 de diciembre, en el primer programa que hizo fuera de La Posta, con cerca de 10.000 personas conectadas.

Había que ir al proceso para entender qué defensa era esa. Srdan tenía dos causas. En la de narcotráfico se reconocía narco. En la de lavado su defensa sostenía que la plata en Ecuador era lícita: una camaronera en sociedad con su mujer, 4,5 millones de dólares, 89 hectáreas. Pedía la absolución para que no le quitaran los activos incautados. Gaibor no dijo absuélvalo: dijo que mirara los argumentos de la defensa, y la defensa pedía absolver. Cuando Serrano dejó de contestar, Gaibor usó a la jefa administrativa del juez, Sofía Carrillo, coordinadora de la Unidad Anticorrupción, que también fue grabada.

El 20 de noviembre el tribunal decidió. Serrano y el juez Fierro votaron por condenar a Srdan por lavado de activos; la jueza Gabriela Lara votó por absolverlo. Al escuchar la condena, Srdan se pasó el dedo por el cuello frente a los jueces, gesto que quedó grabado en la audiencia. Serrano denunció la amenaza. La respuesta del Estado fue quitarle los dos policías que lo custodiaban. La Judicatura lo puso después en el tribunal del caso Triple A contra el alcalde de Guayaquil, que debía sesionar el 24 de diciembre y que nadie quería tomar. Serrano renunció; Godoy no le aceptó la renuncia hasta que dejara por escrito su decisión en ese caso. El 17 de diciembre Felipe Rodríguez, abogado y columnista de Primicias, publicó 'Los valientes están solos' y contó que un juez anticorrupción estaba siendo presionado. El jueves anterior a la publicación Boscán le avisó a Godoy que tenía material y pactaron una entrevista para el lunes 22; el domingo la cancelaron. Antes del programa, Boscán le escribió a Gaibor. La respuesta: 'No ha existido presión alguna desde ningún punto de vista'.

El programa cerró con la esposa de Godoy. María Dolores Vintimilla, penalista, se casó con el presidente de la Judicatura en octubre de 2024 y renunció a todas sus causas un mes después, incluida la defensa penal de Jezdimir Srdan, que asumió Diego Chimbo. Siguió recibiendo notificaciones del proceso durante casi un año; ella dijo que era un error. Boscán revisó el sistema judicial: también había defendido a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el líder de Los Choneros, no por narcotráfico, cuando trabajaba en relación de dependencia para un despacho. Ese mismo día la Asamblea, en sesión convocada por Niels Olsen, votó por unanimidad citar a Godoy. Godoy había llegado a la Judicatura como primero de la terna del presidente de la Corte Nacional, José Suing, con los votos del novoísmo y del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana.

El 23 de diciembre el pleno del Consejo de la Judicatura sesionó por la mañana. Resolvió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía con una noticia criminis, que Boscán llamó la denuncia de los cobardes, pidió la renuncia de Henry Gaibor y aceptó la licencia de Godoy para que preparara su comparecencia. Firmaron los vocales Alfredo Cuadros, Fabián Fabara, Damián Larco y Magali Ruiz; a Godoy no le pidieron una sola explicación. Gaibor presentó su renuncia irrevocable con un comunicado sobre la ejecución presupuestaria de Pichincha, que había pasado del 30 al 98 por ciento. Godoy, en el pleno, anunció que tenía información que 'se va a sacudir muchas cosas' y que no estaba en Bogotá. Por la noche habló con Fabricio Vela en Revelaciones.

Godoy dijo además que los audios estaban ya en una investigación previa de la Fiscalía y que por eso no podía hablar de ellos. Nunca dijo si reconocía la voz de Gaibor, si lo mandó o quién por encima de él pudo mandarlo. En enero, en una radio, le preguntaron si había hablado con su director: 'El único contacto que tuve fue inmediatamente para conocer. Me dijo alguna situación que tenía que conversar personalmente al respecto'. Fuentes cercanas a Gaibor le contaron a Boscán que quiso irse del país y le dijeron que se calmara, que esto iba a pasar. Felipe Rodríguez, en Teleamazonas, resumió el argumento político: un abogado puede defender a narcotraficantes, pero quien está relacionado familiarmente con esas defensas no puede dirigir el órgano que gobierna la justicia que combate al crimen organizado. Eso se llama conflicto de interés.

La comparecencia llegó el 5 de enero de 2026, tres semanas después, porque la Asamblea decidió primero irse de vacaciones. Godoy esperó tres horas: la asambleísta Lucía Jaramillo, de ADN, cambió el orden del día de la sesión extraordinaria para debatir la captura de Nicolás Maduro. Cuando habló, dijo que el presidente de la Judicatura no pone ni quita jueces, y luego que lo querían tumbar para dejar casos sin resolver. Nombró a Pablo Encalada, a Darwin Andrade, a Gabriela Panchana, a Katrina Tala, a Diego Ordóñez, a Lasso, a Correa, a Felipe Rodríguez y a Boscán; habló de un mensajero enviado por Aquiles Álvarez que le habría advertido que el tema mediático sería 'imparable e insostenible'. No dedicó diez minutos a Gaibor. Niels Olsen no permitió preguntas. Daniel Noboa le había recomendado públicamente renunciar.

Boscán le respondió al aire con las preguntas que quedaron sin contestar. Si Gaibor dijo que iba en nombre de alguien, había tres caminos: Gaibor se lo inventó, y entonces debía estar preso; lo mandó Godoy, único superior del director de Pichincha; o lo mandó alguien con más poder que el presidente de la Judicatura. La presión al juez Serrano no fue en el caso de narcotráfico de Srdan sino en el de lavado, el mismo en el que Godoy reconoció que su esposa había sido abogada. El gobierno, según las fuentes de Boscán, trataba a Godoy de impresentable, pero no lo dejaba caer porque su reemplazo legal, Alexandra Villacís, segunda en la terna de Suing, no era de su gusto: quería a Damián Larco. Godoy había presentado su renuncia de palabra el 5 de enero y desde el Ejecutivo le pidieron aguantar el juicio político para ganar tiempo.

El 6 de enero Boscán abrió el programa con una historia que había esperado semanas para publicar. El martes 22 de octubre de 2025, en Orellana, frente a un semáforo en rojo, un sicario le apuntó a la cabeza a Samantha Lozada, directora provincial del Consejo de la Judicatura en esa provincia. El arma se trabó, varias veces. Intentó con su padre, que manejaba, y tampoco salió la bala. Cuando el semáforo cambió disparó ocho veces contra el carro; nadie murió. Lozada había dicho frente a sus compañeros, en una reunión de directores provinciales con Godoy, que no se podía trabajar con fiscales y jueces que servían al narcotráfico. Godoy le pidió que se lo enviara por escrito. El 21 de junio de 2025 le mandó a su correo personal, y por WhatsApp al asesor Jorge Carrillo, cuatro páginas con nombres, cédulas y números de proceso: un fiscal vinculado a Los Choneros, la asistente de un fiscal que convivía con un sicario, un ayudante judicial señalado de vender garantías jurisdiccionales, un notario, y el juez Walter Pío Arriaga, que había declarado la nulidad del proceso contra alias Topo, el número dos de Los Choneros. Nadie le dio trámite.

La amenaza contra ella vino de alias Topo, a través de su hermano: le entregaron un teléfono en un restaurante y le dijeron que esa noche la matarían, y si no, a la familia uno por uno, y que el fiscal ya iba a ayudar. La sacaron de Orellana a Quito con un solo policía; el Ministerio del Interior pidió al Consejo de la Judicatura viáticos y un carro blindado y la Judicatura no pagó, con el argumento de que la Contraloría los perseguiría. El 21 de octubre llamó al fiscal provincial para preguntarle por qué no apeló la nulidad de un proceso contra un notario ligado a los narcos que ella denunciaba y lo notificó a la Dirección de Transparencia. Al día siguiente le dispararon. El 30 de octubre, ocho días después, el pleno aceptó su renuncia con la resolución 85-2025, firmada por Godoy, Magali Ruiz y Alfredo Cuadros: era la renuncia protocolaria que Godoy había pedido a todos los directores provinciales el 24 de septiembre. Sin cargo, sin custodia. Salió del país el 1 de enero de 2026, asilada.

Godoy respondió en una radio que había hecho 'todas las actuaciones administrativas', que se coordinó con Interior y Defensa, que le concedió teletrabajo y que ella fue a entregar su renuncia en físico. Sobre el correo, dijo haber hecho un 'levantamiento preliminar' y que el fiscal denunciado ya no estaba en funciones. La Judicatura emitió un comunicado: no existían denuncias oficiales ante la Dirección de Transparencia, la visita de Godoy a Orellana era falsa y la renuncia fue verbal. Envió a Boscán una solicitud de rectificación. Boscán puso en pantalla el correo y el chat con Carrillo. Lozada, desde el asilo, contó que su madre había recibido el aviso de que ya sabían en qué país estaba y que dormía con una silla trabando la puerta.

El 27 de enero de 2026 Godoy se quedó solo. Setenta abogados, exjueces, exfiscales y al menos cinco colegios de abogados enviaron una carta a la Asamblea pidiendo no dilatar el juicio: Ramiro Ávila Santamaría, Diego Ordóñez, Pablo Encalada, Silvia Buendía, Juan Pablo Albán, María Dolores Miño, Jorge Luis Mazón, María Josefa Coronel, entre otros que no coinciden en casi nada. La Corte Nacional de Justicia removió a José Suing de su presidencia por haber ternado a Godoy. Su sucesor, Marco Rodríguez, dijo en Teleamazonas que se había quebrantado el principio de confianza entre el presidente de la Judicatura y la Función Judicial, que no lo conocía y que no lo habría puesto en la terna. En el círculo de Godoy caían el director administrativo Gallo, acusado por un proveedor de pedir una mordida del 14 por ciento, y Roger Tumali, denunciado por acoso; a todos les aceptaban la renuncia. El 9 de febrero Fabricio Vela, que lo había entrevistado dos veces, le dijo a Boscán que lo mejor era que diera un paso al costado, y que nadie había respondido si la sociedad conyugal de Godoy se benefició de los honorarios que Srdan pagó a su esposa.

El miércoles 18 de febrero de 2026 Mario Godoy renunció por Twitter media hora antes de la sesión de su juicio político y no fue a defenderse. La Asamblea siguió: la interpelante Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, que en 2024 lo había posesionado como presidenta del Legislativo; la moción de Ana Belén Tapia, de ADN. El Consejo de Administración Legislativa había calificado el juicio, la Comisión de Fiscalización lo tramitó en tres días y recomendó continuar. La votación: 149 presentes, 148 a favor, cero en contra, una abstención, la de Yajaira Urresta. Censurado y destituido por inoperancia manifiesta en el desempeño de sus funciones, artículo 255 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hacía falta una mayoría calificada en una Asamblea partida a la mitad; se consiguió. El mapa de la votación quedó pintado de verde con un punto azul. Damián Larco, que había sido funcionario del Ejecutivo, quedó al frente de la Judicatura; Alexandra Villacís, la alterna de la terna, fue dejada a un lado.

Veloz pidió un aplauso para el juez Carlos Serrano; el oficialismo no aplaudió. Serrano escribió esa mañana que su historia había salido a la luz el 17 de diciembre de 2025 en la columna de Felipe Rodríguez, con una pregunta: ¿siguen solos los valientes? Sesenta y cuatro días después tenía la certeza de que los jueces que denuncien presiones ya no estarán solos. Samantha Lozada escribió desde el asilo que nada le daba más paz que la verdad y el tiempo poniendo todo en su lugar, y que no solo les arrebataron sus carreras sino la posibilidad de estar con los suyos. Los dos siguen fuera del país. Henry Gaibor está en Ecuador. Godoy, que en junio de 2025 había dicho que seguiría 'hasta el último día', salió por la puerta de atrás con una investigación previa abierta en la Fiscalía a partir de la noticia criminis que su propio pleno envió.

La Judicatura posterior a Godoy no salió del foco. El 12 de mayo de 2026 Boscán publicó, a partir de dos fuentes presentes en la ampliación de versión de Santiago Díaz, el exoperador correísta condenado a 29 años por violación a una menor, que Díaz acusó ante la Fiscalía a la vocal Magali Ruiz, cercana a Diana Salazar, de ser una de las fuentes que filtraba información reservada de la Fiscalía a él y a Andrés Arauz; y que cuando en julio de 2025 ofreció información a Wilson Toainga y a Ruiz lo trasladaron incomunicado. Ruiz había firmado la licencia de Godoy y la cesación de Lozada. El 3 de septiembre de 2026, entrevistado por Boscán, Carlos Serrano contó cómo son las reuniones con los altos funcionarios de la Judicatura: hay una canastita en recepción donde uno debe dejar el teléfono antes de entrar. 'Como los narcos', le dijo Boscán. Fue la primera vez, coincidieron, en que un funcionario judicial tuvo que ser defendido desde fuera del sistema de justicia.

La censura salió de los audios. Sin esa grabación no había juicio político: la Asamblea votó 148 a cero sobre el material que Boscán y La Moni publicaron y transcribieron al aire, la prueba de que la Judicatura presionaba a favor del narcotráfico. Los dos funcionarios que denunciaron desde adentro, el juez Carlos Serrano y la directora provincial Samantha Lozada, siguen fuera del país. Henry Gaibor, el que llevó el mensaje, sigue en Ecuador, con una investigación previa abierta por la noticia criminis y sin una sola denuncia con firma del Consejo que lo dejó ir.