La caída del narcoalcalde

Toledo

Leonardo Toledo Torres era abogado penalista en Guayaquil. Se había hecho conocido por defender a Mayra Salazar en el caso Metástasis: fue él quien diseñó su salida como cooperadora eficaz y negoció con la Fiscalía. En los últimos meses llevaba la defensa de Leonardo Cortázar, preso en la cárcel del Encuentro, y se preparaba para entregar ante un juez dispositivos con grabaciones que, según Boscán y La Moni, vinculaban a mucha gente con la corrupción y el narcotráfico.

Toledo llamó varias veces a Boscán y La Moni. La última, porque sentía que lo podían quebrar, en esas palabras. Nunca se vieron en persona. Les pidió que grabaran esa conversación y que la sostuvieran en privado. Al día siguiente les entregó cuatro videos y dos audios. La instrucción fue la de un seguro de vida: guardarlos y, si algo pasaba, prestarles atención. Lo que tenía sobre el caso Encuentro no se lo dio; les dijo que no se iban a resistir a la tentación de publicarlo.

Boscán y La Moni guardaron el material sin verlo. Lo abrieron el martes 27 de octubre de 2026, el día en que mataron a Toledo. En el programa del día siguiente, Boscán explicó por qué no lo habían contado antes: haberlo publicado tres semanas atrás habría podido adelantar la decisión de acabar con él. Esa mañana hicieron pública la última conversación. El jueves 29 mostraron lo que había en los videos. Era la historia de un alcalde.

En la madrugada del 27 de octubre un sedán llegó a una casa de Sauces, al norte de Guayaquil. Bajaron por lo menos cinco hombres vestidos con chalecos y chaquetas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, armados y con herramientas para tumbar puertas. Fingieron un allanamiento. Adentro no buscaban solo a una persona: abrieron cajones. Según la reconstrucción que hicieron Boscán y La Moni en su programa, buscaban algo, quizá una computadora o un teléfono.

Era la casa equivocada. Toledo, convencido de que alguien iba por él, dormía en otro lugar y estacionaba su auto lejos de donde pasaba la noche. Los vecinos llamaron a la Policía. Hubo una persecución de madrugada detrás del auto rojo de los falsos policías: sus ocupantes se dispersaron y uno de ellos terminó acorralado en una casa y detenido.

Cerca de las nueve de la mañana, Toledo salió a buscar su auto sin saber que había servido de señuelo. Al menos uno de los sicarios se había quedado en la zona esperando que volviera por él. Toledo vio el arma, intentó refugiarse y cayó en mitad de la calzada. El atacante huyó. La Policía no ha informado quién lo mandó a matar ni por qué. Al abogado le faltaba el teléfono, y una de las hipótesis es que buscaban lo que se disponía a entregar ante un juez en cuatro semanas.

A Cortázar le llevaron la noticia a la cárcel cerca del mediodía. Según contó Boscán, lloró y pidió una sola cosa: que no permitieran que lo mataran.

Gustavo Santana Ortega fue asesinado el 30 de octubre de 2024 en una gasolinera de Naranjal, junto a dos personas más, por un grupo de hombres armados con pistolas y fusiles que llegó en dos camionetas. Según una fuente policial citada por Expreso, había recibido amenazas y tenía un historial relacionado con actividades ilícitas. Boscán lo describe como un hombre acusado de narcotráfico, cercano a Los Choneros en la pugna por el control del cantón.

Su hijo quedó a cargo de las haciendas. Hace unos meses buscó a Toledo con un problema de tierras: la alcaldía había movido el catastro de una finca rural de la familia y había cambiado su ficha registral sin notificarle. Toledo le dijo que para probar lo que pasaba en el municipio necesitaba una grabación. El hijo de Santana fue a ver al alcalde Juan Carlos Rivera, se sentó con él en un cuarto desordenado y dejó el teléfono grabando en el bolsillo.

El alcalde primero intenta lavarse las manos: dice que el trámite de la finca pasó por la administración y que lo mandaron a catastro y a jurídico. Cuando el hijo de Santana le reclama que eso sale de sus manos, Rivera responde que no manda. Habla de funcionarios que se fueron porque los querían matar. El hijo de Santana pone el apellido sobre la mesa: los Ochoa. Le dice que como alcalde puede llamar al ministerio y denunciar que los Ochoa están manejando todo, y que él mismo lo lleva ante el ministro del Interior. El alcalde contesta que no puede decir nada.

Boscán dijo al aire que intentó contactar a Rivera por quince números de celular distintos y que ninguno respondió. Dejó su número público para que el alcalde dé su versión.

Cuando apareció el apellido Ochoa, Boscán y La Moni recurrieron a fuentes policiales y a sus notas. Según esas fuentes, los Ochoa son una familia de Naranjal que se presenta como empresarios prósperos y que tiene una alianza con Los Lobos. Naranjal es un punto de paso para la droga y para el oro de la minería ilegal. En 2023, cuando el cantón estaba partido en dos, Santana padre estaba del lado de Los Choneros y los Ochoa del lado de Los Lobos.

Un policía les explicó cómo se hacen de tierras: llegan a la finca con un contrato de cesión de la propiedad, le ponen una pistola en la cabeza al dueño y el dueño firma. Si después quiere denunciar que lo obligaron, le muestran su firma. Así se habrían convertido en terratenientes. Es el mismo terreno en el que pelea el hijo de Santana: un catastro y una ficha registral que cambiaron sin que el dueño se enterara.

En la grabación, el hijo de Santana menciona dos muertes. La de un muchacho de sistemas del municipio, asesinado, dice, para que no copiara información: Franklin Osmani Torres Luna, que recibió al menos seis disparos el 9 de marzo de 2026 a las ocho de la mañana, frente a la iglesia. Y la de la concejala Diana Carnero, asesinada en febrero de 2024. Según el hijo de Santana, el arma que mató a Carnero es la misma que mató a su padre. Ninguna de esas afirmaciones ha sido confirmada por la Fiscalía.

La grabación también muestra al que graba. El hijo de Santana se presenta como millonario, dice que puede pagar seguridad privada y, en un tramo, le propone al alcalde arreglar con los Ochoa pagándoles: que les ofrezca dinero y que ellos pongan el precio. El alcalde le responde que él no va a decir eso. Boscán resumió lo que importa de los diez minutos: un alcalde que admite, ante un tercero, que el poder del municipio está en manos de otros.

La grabación salió al aire en la mañana del jueves 29 de octubre de 2026, en una semana en la que el Gobierno había declarado la guerra a los alcaldes vinculados al narcotráfico. El día anterior la Policía había capturado al alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván, por lavado de activos. Boscán advirtió que era la primera vez que mostraba a un narcoalcalde del oficialismo. Sergio Peña, asambleísta aliado de ADN, dijo en el mismo programa que lo consideraba gravísimo y que haría llegar el video a las autoridades.

A las 11:57 Boscán publicó en X la grabación completa. Poco después de las dos de la tarde, ADN difundió un comunicado: retiraba su respaldo político al alcalde y empezaba su desafiliación. José Julio Neira lo compartió pidiendo que se investiguen todos los hechos.

Rivera respondió con un video en sus redes. Lo llamó una campaña sucia y puerca, invitó a otras autoridades a visitar el municipio para que constaten que allí manda y trabaja Juan Carlos Rivera, y no se refirió al contenido de la grabación.

Rivera llegó a la alcaldía en 2023 con el movimiento CREO y después se acercó al oficialismo. Según Radio Pichincha, que revisó sus declaraciones juradas, su patrimonio neto bajó de 1.027.026 dólares en 2023 a 159.185 dólares en 2026, mientras sus deudas subieron en 441.105 dólares.