Bribery Division: los archivos secretos de Odebrecht

La historia de cómo llegaron los archivos también se contó. En enero de 2019 Boscán escribió al reportero Sasha Chavkin, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y el ICIJ publicó después un detrás de cámaras con su relato. El Comercio de Perú reconstruyó la entrega: un hotel en Quito, los documentos debajo de una Biblia. Más de 50 periodistas de 10 países de América Latina y Estados Unidos trabajaron los 13.000 documentos. El portal Mil Hojas obtuvo por separado la misma información, según reconoció La Posta en su video de apertura.

Odebrecht no pagaba coimas a la ligera. Tenía una oficina para eso, el Departamento de Operaciones Estructuradas, y un sistema informático cifrado para llevar la contabilidad de los pagos sucios: Drousys. Cuando el escándalo Lava Jato la alcanzó, la empresa firmó en diciembre de 2016 un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos: confesó 788 millones de dólares en sobornos en doce países. Para Ecuador reconoció 33,5 millones por cinco obras entre 2007 y 2016. A cambio de esa cooperación, sus ejecutivos recibieron beneficios judiciales. Con 77 ejecutivos delatores en varios sistemas de justicia, ninguno mencionó el Metro de Quito; José Conceição Santos, cuyo testimonio encarceló al vicepresidente Glas, tampoco.

Una fuente le dijo a Andersson Boscán, que entonces tenía 27 años y acababa de fundar La Posta con Luis Eduardo Vivanco, que la confesión era incompleta. Convencerla de entregar lo que tenía le tomó seis meses. La entrega fue en una habitación de hotel en Quito: una memoria externa debajo de una Biblia, en el velador. Adentro había 33.000 archivos de Drousys. El material los desbordaba. En enero de 2019 Boscán escribió a Sasha Chavkin, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, un correo con un asunto de dos palabras: Important investigation.

El ICIJ envió a Chavkin a Quito a verificar y copiar los archivos. Depurados, quedaron más de 13.000 documentos válidos: hojas de cálculo, estados de cuenta, correos y registros de transacciones entre operadores con nombres en clave como Bambi, Stalin o Robocop. El Consorcio armó un equipo de más de 50 periodistas de 10 países y 18 medios. En Ecuador, La Posta trabajó con El Universo y Mónica Velásquez formó parte del equipo: fue su primera colaboración con el ICIJ. La publicación fue simultánea el 25 de junio de 2019, a las once de la noche, hora del este.

Para Ecuador el hallazgo fue directo. Los sobornos sumaban 51 millones, no 33,5, y correspondían a siete obras, no a cinco: Refinería del Pacífico, Daule Vinces, el poliducto Pascuales Cuenca, el acueducto La Esperanza, la represa Manduriacu, y dos más que nunca habían entrado en ninguna investigación o habían salido limpias de ellas: el Metro de Quito y la Ruta Viva. Odebrecht había negado sobornos en esas dos obras. Los registros de uso de Drousys muestran que a mediados de 2016 alguien borró todo lo relacionado con ellas, antes de sentarse a cooperar con la Justicia. Según los penalistas consultados por La Posta, ese borrado ponía en riesgo los beneficios de los ejecutivos y hasta el acuerdo de Odebrecht con la justicia de Estados Unidos.

El Metro de Quito fue la obra más grande que Odebrecht se llevó en el país. El alcalde Augusto Barrera anunció el proyecto, contrató los estudios en septiembre de 2010, creó la empresa pública en 2012 y en 2013 dijo que costaría 1.492 millones. Drousys muestra que la constructora estudiaba el soborno desde 2013, dos años antes del pago: en noviembre de ese año firmó un subcontrato con una empresa española para preparar la ruta del dinero. El consorcio Acciona Odebrecht ganó la licitación bajo el alcalde Mauricio Rodas, que firmó el contrato el 26 de noviembre de 2015 por 2.009 millones, cuando Lava Jato ya había estallado: la norma obligaba a adjudicar a la oferta más barata, y la más barata era Odebrecht. Quinientos diecisiete millones más que los estudios. Drousys registra pagos por cinco millones de dólares: tres por propuesta y dos por éxito. Es el uno por ciento de esos 517 millones, el porcentaje habitual de la empresa. Un intercambio de correos de julio de 2015 entre el financiero de la empresa y su asistente, bajo alias, fija la cuenta: el dinero salió de Fortress Investor Limited en el Meinl Bank de Austria, un banco que Odebrecht controlaba. El beneficiario final no consta.

La Ruta Viva, la autopista que conecta Quito con los valles y el aeropuerto, ni siquiera había estado en la mira. Las planillas de la División de Sobornos anotan en octubre de 2012 un pago de 915.250 dólares vinculado a un contrato entre una compañía de Odebrecht en Islas Caimán y la brasileña Tucson Engenharia, socia investigada en Brasil, y en 2013 otros 573.000 y 600.000 disfrazados en un subcontrato. Más de dos millones. Barrera se deslindó en entrevista: la convocatoria y los pliegos se hicieron con la CAF, dijo, las liquidaciones de ambas fases ocurrieron ya en la administración de Rodas y jamás en la vida tuvo relación con esa gente. Sobre el Metro, Rodas respondió por escrito desde el extranjero que el proceso empezó en la administración anterior y que en 2013 se calificó a los consorcios; Barrera contestó que Odebrecht perdió la fase 1, que él suspendió la fase 2 sin abrir sobres y que la obra se contrató 500 millones por encima de los estudios. Odebrecht, Acciona y el exgerente de Obras Públicas Germánico Pinto no respondieron. La fiscal Thania Moreno, que llevaba la indagación previa del Metro, pidió su archivo horas antes de que SUMA, el movimiento de Rodas, entregara al Gobierno de Lenín Moreno los votos para elegir vicepresidenta a María Alejandra Vicuña, en enero de 2018; el archivo se formalizó el 27 de febrero, según la prensa. Consultada, dijo que necesitaba autorización de sus superiores para explicar por qué.

La segunda entrega describió un mecanismo que nadie había contado, y que Odebrecht llamaba fondear: cómo metía el dinero de las coimas al sistema bancario usando seguros. El 23 de octubre de 2014 la aseguradora Ecuatoriano Suiza, una de las quince principales del país, propiedad de José Suárez, le facturó a Odebrecht una póliza en exceso para cubrir el poliducto Pascuales Cuenca por 300 millones de dólares, vigente de 2014 a 2016 y firmada por las tres partes. Más de media docena de expertos del mundo asegurador la revisaron para La Posta. La prima: 1,619 millones. Como ninguna aseguradora ecuatoriana puede responder por esa suma, el riesgo se cede a reaseguradores internacionales. Lo normal es repartirlo entre varios. Ecuatoriano Suiza lo retrocedió casi entero, el 99,99 por ciento, a un solo reasegurador: Ocean Re, una compañía panameña con menos de cuatro millones de capital, autorizada en Ecuador en 2014 y sin autorización después.

Ocean Re volvió a retroceder el riesgo, otra vez el 99,99 por ciento, a Nashville Financial Corp, una firma panameña que no está registrada en Ecuador y que no pertenece al mercado de seguros. Era una empresa de fachada de la propia Odebrecht. La constructora terminaba asegurándose a sí misma y, de paso, moviendo un millón y medio de dólares con respaldo legal y bancario hasta Nashville, que alimentaba el enjambre de offshores con las que se pagaban los sobornos. Las transferencias del Credicorp Bank lo muestran. Esa es la misma cantidad que Drousys registra como coimas por el poliducto ese año. La operación se repitió al menos seis veces. Si alguna obra se caía, unos documentos llamados releases liberaban a la aseguradora de pagar. Las seis obras aseguradas incluían Daule Vinces. El abogado de Ecuatoriano Suiza no descartó que su cliente hubiera actuado de forma ilegal: las pólizas se emitieron en bloque, por pedido de Odebrecht, con el reasegurador que la constructora traía. El broker de seguros de la empresa se deslindó.

La tercera entrega volvió sobre un nombre conocido. Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador y ministro de Rafael Correa, había aparecido en los Panama Papers de 2016 como dueño de la offshore Yorkfield Investment. Admitió entonces que omitió declarar una empresa que, dijo, nunca funcionó; Correa lo defendió: no ha transado veinte centavos. Drousys muestra 320.000 dólares que llegaron directo a la cuenta de Yorkfield en el Royal Bank of Canada durante 2013 desde Field Services Limited, en el Meinl Bank de Antigua, y desde Columbia Management, otra empresa de la trama. En 2013 Merizalde era gerente de Petroecuador y firma autorizada de la Refinería del Pacífico, una de las siete obras con coimas. La justicia pudo descubrirlo en 2016, si la Fiscalía de Galo Chiriboga hubiera rastreado la cuenta. Merizalde estaba prófugo cuando se publicó.

El efecto fue rápido y corto. El 4 de julio de 2019 la Fiscalía pidió a la Corte Provincial de Pichincha reabrir el caso Metro de Quito. El 11 de julio, la fiscal general, el procurador Íñigo Salvador, el contralor y el secretario anticorrupción Iván Granda se sentaron por primera vez con las nuevas autoridades de Odebrecht para una reparación integral; la segunda reunión fue con la Secretaría del Agua. El Municipio de Quito, único contratante directo del Metro y la Ruta Viva, pidió entrar a la mesa; el gerente del Metro, Jorge Yáñez, renunció. En agosto el representante de la empresa, Félix Martins, dio su primera entrevista en Ecuador, en Café la Posta: pidió disculpas a los ecuatorianos, dijo que todo Drousys estaba en manos de la justicia de Brasil y Estados Unidos y que la empresa se había impuesto una restricción moral de no licitar. Boscán le recordó que ni la compañía ni un solo directivo habían sido procesados en Ecuador, ni siquiera por asociación ilícita, dos años después de que la Fiscalía empezara a negociar con ella en mayo de 2017. La empresa salió del consorcio del Metro. La obra se terminó y el tren funciona desde diciembre de 2023.

Después vino el silencio habitual. Nadie está hablando de la Ruta Viva, se dijo en La Posta en julio de 2019, y así siguió. No hay sentencia por el Metro ni por la Ruta Viva. Nadie ha identificado al beneficiario de los cinco millones del Meinl Bank. La Superintendencia de Compañías nunca informó de una auditoría a las pólizas de Ecuatoriano Suiza. Ocean Re fue investigada en Perú, no en Ecuador. Ni Odebrecht ni sus directivos fueron procesados en el país.

Lo que sí terminó fue el caso Sobornos, que nació de otra filtración, el archivo verde de Pamela Martínez publicado por Fernando Villavicencio y Christian Zurita como Arroz Verde. El 26 de febrero de 2020 la perito Alexandra Mantilla calificó la organización como una estructura criminal liderada por Rafael Correa, con Glas, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte como coordinadores. El 7 de abril de 2020 un tribunal condenó a ocho años a Correa, Glas, Mera, Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís y una decena de empresarios, y les ordenó devolver 14,7 millones, con inhabilitación para candidaturas, disculpas públicas y un curso de ética. El 7 de septiembre de 2020 la casación lo ratificó. Correa vive en Bélgica; Alvarado, en Venezuela; Solís, en Estados Unidos; Duarte, en la embajada argentina y luego en Argentina. Ricardo Rivera, el tío de Glas que cobraba los sobornos, murió el 15 de enero de 2022 por complicaciones del covid; la Procuraduría pidió prohibir la venta de sus bienes. En febrero de 2022 La Posta revisó las cuentas: ninguno había pagado un centavo, y a Glas, con el 52 por ciento de la pena cumplida, una jueza le negó la libertad.