Blindaje de papel

El 25 de febrero de 2025 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas publicó un comunicado inusual: un llamado a la unidad, a que no nos tiemble el pulso. Cuando alguien llama a la unidad es porque la necesita. En la redacción de La Posta ya sabían por qué. Los jefes de las tres fuerzas estaban en desacuerdo con una compra del Ministerio de Defensa y con su ministro, Gian Carlo Loffredo.

Seis semanas antes, el 13 de enero, el presidente Daniel Noboa y Loffredo habían entregado en el fuerte Héroes de Chacras, en Machala, 31.000 cascos y 30.000 chalecos con bombos, platillos y un boletín de la Secretaría de Comunicación: el 81 por ciento del personal militar equipado con la más alta tecnología, paneles balísticos de fabricación americana que aguantan disparos de armas de mano de todo calibre, placas resistentes a fusil, certificados por un laboratorio internacional bajo la norma NIJ de Estados Unidos. Luis Eduardo Vivanco hizo la pregunta de siempre: cuánto costó, quién se llevó el contrato y con qué garantías. Consiguió algo que rara vez se consigue: el contrato reservado.

Contrato 2024-GUA-001, adquisición de cascos y chalecos en el marco del conflicto armado interno, firmado el 19 de agosto de 2024 y reservado desde el 26 de marzo. Por el Estado firmó Jorge Yamil Juez Cabezas, coordinador general de contratación de bienes estratégicos, delegado del ministro: ningún militar. Por el proveedor, High End Defense Solutions LLC, HEDS. Monto: 34.216.384 dólares, con un anticipo del 50 por ciento, 17,1 millones, pagadero a quince días de la firma. El administrador del contrato fue designado en el mismo documento: el subsecretario de planificación y economía de la defensa, Francisco Martínez, un civil sin experiencia en armamento. Los pliegos cerraron el 1 de julio de 2024 con quince oferentes; la adjudicación llegó el 18 de julio.

HEDS ya tenía historia con el Estado ecuatoriano. La Policía la había contratado para 5.508.000 municiones y en diciembre de 2023 pidió declararla proveedora incumplida. El Sercop lo hizo: inhabilitada para contratar con el Estado hasta el 2 de diciembre de 2029. La empresa, por medio de su apoderado Franklin Esparza de la Vega, demandó a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y al comandante de la Policía con una acción de protección y perdió. Otra acción, concedida por una jueza de Samborondón, la sacó del registro de incumplidos durante dos semanas; en esa ventana Defensa firmó el contrato, y después volvió al registro. El 24 de julio de 2024 el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto, le avisó por carta al ministro que la empresa estaba declarada incumplida. Loffredo firmó igual, 26 días después. Palencia denunció a la jueza por prevaricato y discutió con Loffredo por premiar con 34 millones a una empresa que ella había vetado; el presidente respaldó a Loffredo.

Los chats que La Posta mostró en pantalla, exportados del teléfono original y notarizados, empiezan el 11 de abril de 2024: un capitán en servicio pasivo, César Díaz, de la oferente Blindex, se presenta por WhatsApp a Eduardo Reinoso y le deja su número; al día siguiente le pregunta cómo quiere que le personalicen un chaleco de regalo. En mayo Díaz le pasa unas especificaciones de compra de chalecos, "por si le sirven al Midena". El 15 de julio le envía el documento policial que declaraba incumplida a HEDS; Reinoso responde que se equivocó de mensaje. Fue Esteban Rubio, exdirector de Bienes Estratégicos de Defensa, quien el 27 de febrero pidió en La Posta que el ministro explicara quién era Reinoso, "que manejó todas las negociaciones". Reinoso respondió por escrito que es asesor externo de comunicación, que no consta en el distributivo del ministerio y que nunca recibió dinero de proveedores; el Ministerio dijo que consultaría "a la máxima autoridad" y no volvió a responder.

Hubo otra anomalía. Para venderle a las Fuerzas Armadas hay que calificarse como proveedor de defensa ante una comisión que preside el subsecretario de Defensa, según el Decreto 470; uno de los requisitos es no ser contratista incumplido. HEDS no lo era. El contrato se hizo bajo la ley general de contratación pública, la que sirve para comprar confetis y desayunos, y no bajo el reglamento de bienes estratégicos para la defensa. Los militares, que siempre habían comprado chalecos a Israel, no participaron en los pliegos, no administraron el contrato y no fueron a probar el equipo. La cláusula décima obligaba a la contratista a recibir en su fábrica de Estados Unidos a una comisión de cuatro oficiales, uno por cada fuerza, para verificar los bienes antes del despacho. El ministro dice que viajó una comisión del Comando Conjunto; el excomandante del Ejército Luis Altamirano dijo que fue el administrador del contrato, que no es técnico, y que la comisión no cumplía los requisitos. Firmó el contrato por HEDS Sara Valencia, que en el SRI figura como veterinaria.

Cuando el equipo llegó, el Ejército, que es quien firma el acta de entrega y responde legalmente, decidió probarlo por su cuenta en Santa Bárbara, la fábrica militar de armas. La prueba la hizo la empresa ante los militares. El informe, firmado por un teniente coronel ingeniero balístico como oficial delegado y fechado el 6 de enero de 2025, una semana antes de la entrega en Machala, concluyó que la munición salía a 319 metros por segundo, velocidad de nivel II y no IIIA, y que no podía establecer ningún criterio concluyente sobre los paneles ni los cascos; recomendaba repetir la prueba bajo la norma NIJ del contrato y recurrir a un laboratorio reconocido porque el país no tiene uno. El mando lo conoció antes de la ceremonia. La Posta los bautizó chalecos de cartón. Adentro, según Altamirano, ya era un secreto a voces.

La reacción del Gobierno fue una rueda de prensa con tiros. El equipo del ministro había contestado a La Posta que estaba "100 % desplegado en operaciones de seguridad reservadas"; esa tarde Loffredo habló de show mediático en época electoral. El 27 de febrero, un día después de la publicación, encabezó pruebas balísticas en un polígono del Ejército en Quito, con el jefe del Comando Conjunto detrás. Defensa sostuvo que los chalecos se escogieron al azar; La Posta objetó que no hubo selección por lotes, ni medición de velocidad, ni pesaje de munición, ni plastilina. Seis disparos de 9 milímetros: las balas quedaron alojadas en la segunda de las veinte capas de fibra Honeywell. Un proyectil 5.56: sin deformación en la cara posterior de la placa. El ministro dijo que el informe era obra de "un par de militares con intereses oscuros en un papel membretado" y que la Fuerza Terrestre evaluaría acciones disciplinarias. Invitaron a los medios afines. A Jorge Navarrete, de La Posta, que llegó sin acreditación, una subsecretaria de la Secom intentó sacarlo y colegas le gritaron que se fuera a Canadá; un coronel lo dejó grabar. Altamirano, excomandante del Ejército, dijo que él no se pondría ese chaleco. Rubio propuso lo obvio: tomar tres o seis chalecos de cada lote y probarlos con un tercero imparcial.

El 5 de marzo La Posta publicó la segunda parte, dos horas y veintidós minutos: los chats entre César Díaz, de la oferente Blindex, y dos hombres del círculo del ministro, Eduardo Reinoso y el comunicador guayaquileño Andrés Tacle, ninguno con cargo en Defensa. Tacle había presentado una cotización al ministerio en junio de 2024 y le informaba a Díaz en tiempo real cuántas ofertas entraban y cuál no cumplía, en un proceso reservado. Díaz y Reinoso se reunieron al menos cinco veces, algunas en el propio ministerio; Reinoso pidió borrar mensajes. La fuente era el propio Díaz, que perdió: "High End tuvo mejor relación con los asesores". Díaz le escribió a Reinoso que le repitiera su amenaza de que tenía cuatro años en el poder para arruinarlo. Tacle respondió que tiene una amistad de años con Reinoso y que colaboró con el ministro en entrenamiento de medios. La Posta pidió a Carondelet separar o denunciar a Loffredo. El 7 de marzo, un video corto sobre la pelea judicial que le abrió la puerta a HEDS. Desde Uruguay, Luisa González aprovechó: nos hablaron de libertad, pero era su libertad, entiéndase impunidad para hacer de Ecuador su negocio familiar.

El 11 de marzo de 2025 el Sercop dijo en la Asamblea que la Policía había sancionado mal, a las personas y no a la empresa, y admitió que el contrato reservado no pasó por sus normas; Loffredo no acudió. Ana Galarza había pedido información por oficio meses antes de la publicación. El contralor Mauricio Torres pidió a la Asamblea levantar la reserva del contrato. La sesión se convocó para el 13 de marzo de 2025. Ese mismo día se supo que la Fiscalía había abierto una indagación previa por peculado, artículo 278 del código penal, contra quien resultara responsable en el Ministerio de Defensa. El contralor encargado, Carlos Sánchez, suspendió entonces el pedido de desclasificación: toda la documentación había pasado a cadena de custodia. La Asamblea se quedó sin materia.

Loffredo no salió del cargo. En abril de 2025 La Defensa documentó otro contrato millonario de Defensa con la misma empresa. Meses después, Santa Bárbara EP, la empresa pública del sector en liquidación, adjudicó 214.751 dólares a Alcolisti LLC, representante en Ecuador de HEDS, para chalecos, cascos y escudos del personal de custodia del Banco Central. Lo firmó su gerente, Miguel Weisson Chiriboga, designado el 15 de julio con un impedimento para ejercer cargos públicos registrado en el Ministerio del Trabajo, según Radio Pichincha. En agosto de 2025 la fábrica militar del Perú adjudicó a HEDS, también inhabilitada allá, 10.164 chalecos para su policía.

La indagación previa sigue abierta y sin procesados. Los 30.000 chalecos están en uso. Nadie los ha probado en un laboratorio certificado bajo la norma que exigía el contrato.