Más allá de una
o algunas vidas

La frontera norte llevaba dos meses en guerra cuando salió el equipo de El Comercio. El 27 de enero de 2018 estalló una bomba contra un cuartel policial en San Lorenzo, Esmeraldas. Siguieron detonaciones cerca de un destacamento naval y de uno militar. El 20 de marzo, una emboscada en Mataje mató a cuatro infantes de marina: tres en el lugar y uno después en el hospital. Desde enero los grandes medios enviaban equipos semanales a cubrir esa zona. El 26 de marzo Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra llegaron al control militar de Mataje, preguntaron si podían pasar y los militares les abrieron el paso. Del otro lado los esperaba el Frente Oliver Sinisterra, la disidencia de las FARC que comandaba alias Guacho.

El 2 de abril, a los siete días del secuestro, Cristian Segarra, hijo de Efraín, y Yadira Aguagallo, pareja de Paúl, se sentaron con Andersson Boscán en News and Coffee. Los nombres se habían hecho públicos el día anterior. Había una prueba de vida. Segarra explicó que su padre, de 60 años y más de quince en el diario, era el conductor del equipo, y que los tres no entraron por ningún paso irregular: pasaron por donde estaba el Estado. Dos días después el coronel retirado de inteligencia Mario Pazmiño analizó en el mismo programa el video con las exigencias de Guacho: pedía el canje de los tres periodistas por tres detenidos de su banda, capturados en un operativo del 12 de enero contra una caleta de explosivos.

A las familias, según Yadira Aguagallo, el Gobierno les dijo que había voluntad de negociar y que existía un proceso en marcha para lograr el canje de los tres. La narrativa cambiaba: unos días se les decía que se negociaba, otros días se decía ante los medios internacionales que ya no. El 13 de abril de 2018 el Gobierno confirmó el asesinato de los tres. Ese mismo día, en público y en privado, el presidente Lenín Moreno se reunió con las familias y prometió que toda la información sería desclasificada. Dijo también una frase que ellas guardaron: los ecuatorianos perdonan los errores, pero no las mentiras.

El 18 de diciembre de 2018 La Posta publicó un informe especial con un audio filtrado: la voz del presidente Moreno, grabada dentro de un Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, durante la crisis del secuestro. Cuarenta y cinco segundos. Noventa y siete palabras. Fuentes presenciales de los consejos confirmaron a La Posta que las palabras se pronunciaron en uno de los tres COSEPE que hubo durante el secuestro. Los consejos de seguridad son información secretísima, la clasificación de reserva más alta del Estado.

El Gobierno no reaccionó ese día. No dijo en cuál de los tres consejos se pronunciaron esas palabras, en qué contexto, si fueron la decisión final del Estado o una postura que luego se discutió y cambió. Andersson Boscán dijo al aire que esperaba que el Gobierno admitiera que era la voz del presidente, que se trataba de un COSEPE y que la grabación era ilegal, hecha por alguien del alto Estado. La fecha de las palabras importaba tanto como las palabras: si se dijeron cuando Ortega, Rivas y Segarra estaban vivos o cuando ya se sabía que habían sido asesinados.

La Posta fijó su postura editorial en el mismo programa. No defendía ni atacaba la negociación con Guacho: si el Estado decidió no negociar con terroristas, era su derecho legítimo. El problema era otro. Primero, que alguien capaz de ponerle una grabadora al presidente en una crisis de seguridad nacional estuviera sentado en el alto Estado, y que esa grabación llegara a un periodista cuando pudo haber llegado al grupo que se estaba buscando. Segundo, que el Estado le dijera una cosa a las familias y otra en privado. Boscán pidió a la Fiscalía que solicitara el audio a La Posta y abriera la investigación sobre quién grabó.

Yadira Aguagallo llegó a News and Coffee la mañana del 19 de diciembre en nombre del colectivo Nos Faltan 3. Nadie del Gobierno había llamado a las familias después de la publicación. Contó lo que llevaban ocho meses pidiendo: no un culpable, sino una investigación seria que revisara, aunque fuera para descartarlas, posibles responsabilidades u omisiones de agentes del Estado. El 20 de agosto de 2018, tras revisar la documentación desclasificada que se entregó a la CIDH, las familias enviaron cartas al entonces ministro del Interior, Mauro Toscanini, y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, pidiendo la información de los consejos de seguridad en los que se tomaron resoluciones sobre sus familiares. Interior respondió que no era su responsabilidad y las remitió a Defensa. Defensa, bajo cuya custodia están los consejos, no envió ni un acuse de recibo.

Las familias no pedían que se empapelara la ciudad con los tres consejos. Pedían que las actas llegaran a la Fiscalía por los canales regulares y se anexaran al expediente, y que fueran las tres, no una parte: la secuencia completa de decisiones, del primer consejo al tercero, para saber si una primera intención fue cambiando con los días. Aguagallo añadió un dato que el Gobierno tendría que explicar: el último COSEPE de la crisis fue el 13 de abril, el día en que se reconoció el asesinato, y para esa fecha ya estaba secuestrada, desde dos días antes, otra pareja de ecuatorianos en la misma frontera, cuyo secuestro se anunció recién el 17 o 18 de abril. Ricardo Rivas, hermano de Paúl, ha dicho que si les hubieran contado la verdad sobre el estado real de la negociación habrían buscado otros caminos.

La otra parte del reclamo era la Fiscalía. El fiscal Wilson Toainga llevaba la indagación previa. El 23 de julio de 2018 el equipo jurídico de las familias pidió que se tomara la versión de los equipos periodísticos a los que sí se les impidió el paso a Mataje, para contrastar con la tesis oficial de que solo existía un toque de queda nocturno. El fiscal les pidió justificar por qué querían esa información. Ocho meses después de aparecer la camioneta de Efraín Segarra, no había análisis de las huellas dactilares tomadas en el vehículo: la respuesta fue que en el país no existían reactivos para cotejarlas. La camioneta fue devuelta sin cadena de custodia. La Fiscalía no había abierto la línea de investigación sobre la responsabilidad del Estado durante la crisis.

En diciembre de 2019 el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conformado con los gobiernos de Ecuador y Colombia, entregó su informe. Cristian Segarra lo resumió el 17 de diciembre en Café la Posta: un organismo internacional independiente determinó que existió responsabilidad del Estado por acción u omisión, y que el secuestro ocurrió en territorio ecuatoriano. Ese punto había sido de discordia con el Gobierno. En las primeras reuniones el comité de crisis dijo a las familias que la camioneta apareció un kilómetro antes de Mataje, a mitad de camino entre el último control militar y el pueblo. Después la versión cambió: la camioneta estaba en la esquina de la casa de la madre de Guacho. El informe recomendó revisiones administrativas a los funcionarios que manejaron la crisis. Segarra señaló una: el fiscal Toainga integró el comité de crisis y luego fue el encargado de investigarlo.

Días después de recibir el informe, el canciller José Valencia dijo que el secuestro no fue en Ecuador y que los tres periodistas cruzaron por su propia voluntad y sin permiso. Segarra respondió punto por punto: el paso se pidió a un alto oficial de la Armada, que lo autorizó, y quedó registrado en una bitácora del control militar; nadie puede pedir permiso a Colombia cuando hombres armados lo obligan a bajar de su vehículo; Paúl Rivas dejó su equipo fotográfico en la camioneta, y un fotógrafo no sale a trabajar sin su equipo. El 16 de diciembre las familias emitieron un comunicado rechazando las declaraciones del canciller. El proceso en Ecuador seguía en indagación previa. La Fiscalía había pedido formalmente la desclasificación de la información del COSEPE y no tenía respuesta. En Colombia había seis detenidos, tres ya procesados.

El 9 de abril de 2025 Andersson Boscán le hizo la pregunta a Lenín Moreno: por qué no cumplió su palabra de liberar la información declarada secreta y reservada. Moreno respondió que fue decisión de los periodistas aceptar una invitación de Guacho para hacerle una entrevista, y que el Gobierno jamás conoció de esa circunstancia. Dijo que hicieron todo lo posible por liberarlos, bastante más allá de lo que da la legalidad, pero que Guacho tenía programado asesinarlos para dar un escarmiento al Ecuador. Contó que llamó al presidente colombiano Iván Duque, que este le pidió no hacer nada y le prometió que Guacho estaría dado de baja en un mes como máximo, y que así ocurrió antes del mes.

Sobre la desclasificación, Moreno dijo que la ordenó, y que las actas de la sesión de seguridad muestran lo que pasó después: los representantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas manifestaron que abrir la información era muy peligroso para las personas infiltradas en las FARC, el ELN y el grupo Oliver Sinisterra, porque empezarían a correr peligro. Siete años después, el expresidente confirmaba lo que las familias sospechaban en 2018: la promesa de desclasificar todo se frenó dentro del propio Estado. Los audios que la Fiscalía pidió siguen sin ser públicos y nadie fue identificado por grabar al presidente en un COSEPE.