Órdenes desde
la Judicatura

El 31 de mayo de 2022 la Asamblea Nacional destituyó a Guadalupe Llori de la presidencia del Parlamento. Llori se había sostenido durante semanas con medidas cautelares y acciones de protección que llegaban, según los legisladores, con una velocidad sospechosa: una de ellas dos minutos después de instalarse el Pleno. Su apelación quedó en manos de un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha del que formaba parte el presidente de esa corte, el juez de mayor rango de la provincia. Si ese tribunal fallaba a su favor, Llori podía volver a la presidencia de la Asamblea. La única bancada que la había defendido hasta el final era la del Gobierno de Guillermo Lasso.

Anexo 1

Al día siguiente, el miércoles 1 de junio, dos vocales del Consejo de la Judicatura entraron al despacho de ese juez. Juan José Morillo, el vocal delegado por la Defensoría del Pueblo, y Ruth Maribel Barreno, la delegada por la Fiscalía. El Consejo tiene cinco integrantes y es el órgano que rige la carrera judicial: nombra, sanciona y destituye jueces. Alguien más estaba en la sala y grabó. Esa persona, que se identificó ante Andersson Boscán como testigo presencial de un posible delito de tráfico de influencias, entregó el audio íntegro a La Posta.

La grabación empieza con una clase de política. Los vocales le explican al juez que la caída de Llori preocupa al nuevo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y que los cambios pueden complicar a todos. En la Asamblea estaba parqueado un juicio político contra el propio Consejo de la Judicatura, Morillo y Barreno incluidos. Le preguntan al juez si ya revisó la causa de Llori. El juez responde que todavía no. La fuente que entregó el audio aseguró a La Posta que la decisión ya estaba escrita.

Morillo sigue: el Legislativo, dice, se está tomando el poder de manera arbitraria y usó una sesión convocada hace tiempo para tratar la destitución. Entonces yo quiero trasladarles esta inquietud del señor presidente, con toda la confianza que les tengo, le dice al juez. Hay un pedido formal. Yo quisiera que revise el tema, le analicen cómo está la circunstancia y puedan resolver. Barreno no interviene en esa parte, pero está presente desde el saludo hasta la despedida. Los vocales agradecen al juez por recibirlos en la oficina.

La Posta publicó el audio la mañana del 15 de junio de 2022, con Leonidas Iza recién liberado y el paro nacional en su cuarto día. Funcionarios del Gobierno le habían sugerido a Boscán que no era el momento. Él respondió al aire que el cálculo político no era responsabilidad suya, que el audio completo y sin edición quedaba a disposición de la Fiscalía, de la Comisión de Fiscalización y del presidente de la República, y que a Morillo lo buscaban desde la medianoche sin respuesta. Barreno tampoco contestó. El presidente del Consejo, Fausto Murillo, consultado por la redacción, guardó silencio.

Anexo 2

Carondelet sí respondió. La noche anterior La Posta había contactado a la Presidencia y esa mañana un consejero del presidente llamó a Boscán con un mensaje oficial, que él trasladó casi textual.

El mismo Gobierno le informó a Boscán que, en una conversación extraoficial, Morillo había reconocido que se reunió con el juez. El presidente de la Corte Provincial, por su parte, difundió un mensaje: estaba enfermo, con licencia desde el día anterior, y no sabía nada de política ni de noticias. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, fue a Café la Posta esa mañana como voz del Gobierno: dijo que no podía ratificar ni verificar el audio, que la Presidencia ya se había pronunciado y que tomaría las acciones pertinentes.

El penalista Felipe Rodríguez analizó la grabación en el programa. Podía estar configurándose un tráfico de influencias, dijo, aunque el vocabulario era inteligente: Morillo no dicta el texto de la sentencia, pero insinúa que las medidas contra Llori fueron irregulares y pide ayudarla. El detalle de fondo es que el vocal es el superior disciplinario del juez: cualquier queja contra ese juez termina resuelta en el pleno del Consejo, con los mismos vocales que fueron a pedirle una mano.

Las reacciones llegaron en minutos. El asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik, habló de una clara intromisión en la administración de justicia ejercida por Morillo y Barreno y anunció que pediría a la fiscal general que investigara. Esteban Torres, jefe de la bancada socialcristiana, preguntó qué esperaba la Fiscalía para detener a los dos consejeros. Jorge Abedrapo, también del PSC, escribió que los querían tener de rodillas. Un asambleísta presentó un documento formal a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, para que Morillo y Barreno comparecieran. Darwin Pereira, de Pachakutik, dijo en el programa que el audio confirmaba lo que su bancada venía denunciando: jueces de bolsillo.

En los comentarios, seguidores enojados acusaron a La Posta de hacerle el juego al correísmo. Boscán contestó al aire.

Al día siguiente, 16 de junio, Morillo seguía sin aparecer. Había sido anunciado como entrevistado en Ecuavisa y no llegó. Esteban Torres contó en Café la Posta que él había denunciado el lunes 13 de junio un rumor de pasillo que iba de la Asamblea a los juzgados: que las medidas cautelares de Llori no se explicaban sin la anuencia de alguien arriba. El audio, dijo, lo comprobaba. Torres habló de dos posibles delitos, asociación ilícita y tráfico de influencias, y de dos denuncias ya presentadas en la Fiscalía. Añadió otro rumor: que se habría dispuesto borrar las cámaras del 1 de junio en el edificio del Consejo de la Judicatura, en la avenida 12 de Octubre.

En lo político, los vocales fueron llamados a tres comisiones de la Asamblea. La sanción más drástica, el juicio político contra el Consejo de la Judicatura, debía abrirse ese viernes en la Comisión de Fiscalización, y Torres anunció que su bancada lo impulsaría. Boscán resumió el momento: había una nueva mayoría de más de cien votos en la Asamblea, el primer juicio político en cola era el de la Judicatura donde estaban Morillo y Barreno, y el juez que tenía la decisión escrita iba a tener que decidir si la presentaba o escribía otra.

Cuando La Posta publicó el audio, el Gobierno y la Judicatura le bajaron el perfil y Boscán dudó de que la Fiscalía llegara a algún lado. El caso siguió su curso mientras el Consejo de la Judicatura entraba en su peor crisis. En septiembre de 2023, con Wilman Terán en la presidencia del organismo, el penalista Ramiro García denunció ante la fiscal Diana Salazar que la resolución con la que el Consejo destituyó al juez Walter Macías contenía un hecho falso: decía que solo tres vocales votaron, cuando el video mostraba a los cinco. Barreno y Morillo estaban entre los que se abstuvieron. Boscán contó entonces cuatro de los cinco vocales investigados por algún tipo de delito.

El 27 de septiembre de 2023, a las diez de la mañana, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Maribel Barreno, Juan José Morillo y el juez con el que hablaban en el audio, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya. Cerca de la una de la mañana del 28 el juez Walter Macías resolvió: los dos vocales procesados como coautores de un presunto tráfico de influencias, el juez como cómplice, y prisión preventiva únicamente para Barreno, con orden de captura. Barreno había iniciado antes una acción legal contra la fiscal general por acoso y hostigamiento.

Dos nombres quedaron fuera. Guillermo Lasso, el presidente a quien Morillo invoca en la grabación, nunca fue investigado por su presunta participación, pese a que el correísmo, a través de la asambleísta Viviana Veloz, había pedido en su momento que se lo incluyera. Guadalupe Llori, la beneficiaria de la gestión, tampoco fue vinculada. El audio entró al expediente fiscal por la colaboración de un testigo protegido: la misma persona que lo entregó a La Posta.

Esa misma mañana, con la orden de captura vigente, Barreno presentó una solicitud de vacaciones en el Consejo de la Judicatura desde ese jueves hasta el 27 de octubre. Boscán escribió al juez Macías y a la propia Barreno para pedir sus reacciones; ninguno respondió. En el programa quedó abierta la pregunta que a Boscán más le interesaba: qué diría Morillo en el juicio, si sostendría que actuó por su propia voluntad o si señalaría a quien, según él, lo mandó.

La grabación que La Posta puso al aire el 15 de junio de 2022 fue la primera prueba directa de cómo se conseguían las decisiones judiciales que sostuvieron a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea: dos vocales del organismo que controla a los jueces, en el despacho del juez que debía resolver, pidiendo apoyo en nombre del presidente de la República. Ni siquiera en el correísmo, dijo Boscán ese día, se había escuchado a alguien afirmar que la orden venía del presidente.

El caso produjo denuncias en la Fiscalía, comparecencias en la Asamblea, un juicio político contra el Consejo y, quince meses después, un proceso penal por tráfico de influencias contra los dos vocales y el juez, con prisión preventiva para Barreno. El proceso sigue abierto. Guillermo Lasso terminó su mandato sin haber sido investigado por este caso, y Morillo, el hombre que dijo hablar en su nombre, todavía no ha explicado en público por qué fue a ese despacho.