Vacunados VIP

Las primeras 8.190 dosis de Pfizer aterrizaron en Ecuador el 20 de enero de 2021. El plan del Gobierno de Lenín Moreno tenía una fase cero: personal de salud de primera línea y adultos mayores en centros geriátricos. Pero el Ministerio de Salud, dirigido por Juan Carlos Zevallos, no tenía una base de datos de a quién vacunar. Ofició a los hospitales públicos, privados y del Seguro Social y les pidió que cada uno enviara una lista con quienes creía que debían recibirla. Ahí empezó el problema: los hospitales incluyeron a quien quisieron.

Hubo un segundo detalle. Ecuador tiene un Banco Nacional de Vacunas con 45 años de campañas masivas y protocolos probados. El Ministerio decidió no usarlo y guardar las dosis en el centro de salud de Chimbacalle, en Quito. Las fuentes de La Posta sostienen que fue deliberado: es más fácil presionar a las enfermeras de un centro de salud para desviar viales que hacerlo con el Banco de Vacunas. Y un tercero: el sistema informático donde se registraban las dosis mezclaba la vacuna contra el covid con las de sarampión o influenza, sin diferenciarlas, lo que complicó después cualquier investigación. El mecanismo funcionaba por zonales: cada director de zona sabía el chanchullo de su zona y nadie el completo.

El 22 de enero, cuarenta y ocho horas después de arrancar, recibieron su dosis en el Palacio de Carondelet la primera dama, Rocío González de Moreno, una asistente y un gestor de la Presidencia, con un vial de más: seis dosis para seis personas que el Gobierno nunca identificó y que dijo que eran personal de la residencia presidencial, como cerco epidemiológico. Ese mismo día cinco ministros y dos viceministros entraron con sus cónyuges por el subsuelo del hospital Pablo Arturo Suárez hasta un consultorio: Jarrín, Mauricio Pozo, René Ortiz, Julio Recalde, Rosa Prado de Holguín, Zevallos y su viceministro Rodolfo Farfán. El 23 de enero, en las suites de los Valles y en la residencia Senior Suites donde vivía la madre del ministro, se vacunaron el expresidente Osvaldo Hurtado, el consultor político Jaime Durán Barba y su hermano Rodrigo, el exministro de Finanzas Pablo Better, abogados y empresarios, y la madre y la suegra de Zevallos; de 28 vacunados en Los Valles, solo 14 eran médicos o enfermeras. A mediados de febrero, cuatro dosis extra en el Hospital Metropolitano fueron para los suegros del gerente de Teleamazonas y un allegado. El 25 de febrero, en Chimbacalle, los radiodifusores Gonzalo Rosero, Diego Oquendo y Emilio Najas y el dirigente Rodrigo Paz con su esposa, con una lista de quince nombres firmada por una empresaria del comité público-privado que disponía de viales públicos. El ministro admitió que se habían vacunado personas fuera de los grupos prioritarios. Se negó a decir quiénes. Renunció el 26 de febrero y al día siguiente voló a Miami.

El Ministerio había mezclado con habilidad a quienes merecían la vacuna, enfermeras y médicos de los centros de salud, con sus invitados. No había un archivo con cien mil vacunados. La Posta reconstruyó la lista según los lugares donde se aplicaron las dosis y según lo que recordaban directores y médicos que colaboraron de forma anónima, con documentos de respaldo. Dos jornadas hasta las tres de la mañana para identificar nombre por nombre. La Posta decidió no publicar la lista íntegra: separó a los VIP de los que sí tenían derecho.

El 19 de marzo de 2021 salió la primera parte, con Boscán y Jefferson Sanguña en el estudio y Mónica Velásquez en el equipo que identificó nombre por nombre hasta las tres de la mañana. Al menos doce funcionarios del Gabinete y sus familiares, el expresidente Hurtado, Durán Barba, que para entonces asesoraba la campaña de Guillermo Lasso, el asistente presidencial Fredy Miño, la asesora Liz Giler, el jefe de seguridad presidencial Carlos Sarmiento, empresarios, académicos y el dirigente Rodrigo Paz. También los que no tenían vacuna: el recolector de Emaseo, el bombero paramédico de Guayaquil, dos laboratoristas que perdieron familiares. La vicepresidenta María Alejandra Muñoz había dicho el día anterior que quien se saltó la fila tenía que ser separado. Moreno había dicho que ninguno de sus familiares, ni sus padres, se vacunó. No mencionó a su esposa. Ese mismo día el Gobierno separó al ministro Rodolfo Farfán, que llevaba 19 días en el cargo y figuraba en la lista del 22 de enero como viceministro; el secretario de Gabinete Jorge Wated pidió a todos los ministros informar en seis horas si estaban vacunados, y el sábado 20 publicó la lista.

El 22 de marzo llegó la segunda parte: la lista íntegra de la vacunación masiva en el Club Rotario de Guayaquil, más de 500 nombres de la alta sociedad guayaquileña, casi una quinta parte menores de 65 años y una decena nacidos entre 1991 y 1999, con el exvicepresidente León Roldós, un exministro de Gobierno, un exmagistrado y directivos universitarios; los rotarios pidieron mil dosis y recibieron quinientas mientras al Teodoro Maldonado Carbo no llegaba la mitad. Al día siguiente La Posta rectificó dos nombres y el Ministerio abrió una investigación por suplantación de identidad: estar en la lista no era lo mismo que estar vacunado. El 23, el audio: Gabriela Gómez, asesora jurídica de Zevallos, el director médico y el gerente del Pablo Arturo Suárez, grabados al día siguiente de la renuncia del ministro: decimos o no decimos; que no; yo hice lo que hice por órdenes verbales de ustedes; la vacunación de los ministros es un pedido del despacho de Presidencia; esto ya lo conoce la vicepresidenta. El 24, el ministro de Gobierno Gabriel Martínez vino a responder: no podía explicar por qué entregaron 15.000 nombres a la Fiscalía si había 87.000 vacunados. El 25, Rafael Tamayo, exasesor de Zevallos: solo Carondelet podía autorizar una vacunación VIP y la Vicepresidencia estaba informada de toda la logística. El Defensor del Pueblo pidió a la Fiscalía investigar. El reemplazo de Farfán, Mauro Falconí, duró 19 días: renunció el 7 de abril tras el caos de la vacunación de adultos mayores en Quito, pidió con notarios un arqueo de vacunas cuyas cifras no le cuadraban, despidió a los directores zonales y en Café la Posta señaló al comité que presidía la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, con la gerente de CNT Martha Moncayo, como el que rompió los criterios técnicos del plan.

En junio de 2021 la Contraloría General del Estado publicó su examen especial al proceso de vacunación entre el 1 de agosto de 2020 y el 17 de marzo de 2021 y confirmó lo esencial: 67 personas ajenas a los grupos prioritarios se vacunaron en la fase cero. En el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, de 450 dosis solo 285 fueron a personal de primera línea; 102 se repartieron a discreción entre 56 personas y 36 fueron a nueve residentes y nueve trabajadores de la residencia Senior Suites, en Ribera del Río, donde vivía la madre de Zevallos.

Según el informe, 15 dosis fueron para ocho ministros y sus cónyuges y 18 para doce funcionarios de la Presidencia; La Posta había ubicado al Gabinete en el subsuelo del Pablo Arturo Suárez. En el Carlos Andrade Marín se vacunó personal administrativo, incluida la directora de comunicación. El informe no reveló todos los nombres. La Posta ya los había publicado.

La Fiscalía abrió la indagación previa 04-2021 el 29 de enero de 2021, por tráfico de influencias, tras una denuncia del 26 de enero; el 17 de marzo allanó una dependencia del Ministerio en el sur de Quito, después de pedir tres veces la lista sin recibirla completa. Zevallos rindió versión el 1 de febrero. Los denunciantes pidieron medidas para impedir su salida; ninguna se dictó y salió el 27 de febrero sin impedimento legal, como recordó su abogado. El 22 de marzo, desde Estados Unidos, respondió con un comunicado: admitió tal vez una equivocación al invitar a personas y habló de un linchamiento político y mediático. Nunca fue vinculado formalmente al proceso. El 5 de mayo de 2021 la Asamblea lo censuró con 129 votos y lo inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos, por incumplimientos en la compra de vacunas y en el plan. En septiembre de 2022 estaba de vuelta en Ecuador dando conferencias.

La Posta reveló también lo que decían los contratos reservados. AstraZeneca, firmado el 28 de octubre de 2020 por Zevallos: cinco millones de dosis a 4 dólares, revisables al alza hasta 6, sin sanción por incumplir el cronograma y con el Gobierno responsable por la vida útil de las vacunas. Había comprometido 390.000 dosis en marzo, 770.000 en abril, 770.000 en mayo y 710.000 en junio de 2021; al 21 de junio había entregado 614.000, el 25 por ciento. Pfizer, firmado el 23 de diciembre de 2020: dos millones de dosis a 2 dólares, tampoco sancionable por demoras; había enviado 1,4 millones. Al cierre de junio habían llegado al país 4.814.989 vacunas de todas las marcas y 1.681.602 seguían sin aplicarse. El Ministerio anunció el 25 de marzo un acuerdo con el Municipio de Guayaquil para el acceso a 1,8 millones de dosis, que Zevallos y Farfán no habían querido firmar.

Ninguno de los vacunados VIP fue sancionado. La vicepresidenta que pidió separarlos no separó a nadie; su nombre apareció en el audio, en la versión de Tamayo y en la de Falconí, y ella lo negó: conoció las listas por la prensa. El Gobierno de Moreno terminó el 24 de mayo de 2021 con Camilo Salinas como sexto ministro de Salud; Zevallos, Farfán y Falconí cayeron en seis semanas. En cuatro meses Moreno aplicó 1,9 millones de vacunas; Lasso, 1,2 millones en sus primeras cuatro semanas. Alfonso Espinosa de los Monteros, el presentador, esperó cinco horas en la fila para la suya.