La manchadorada

Desde 1993 Ecuador sospechaba que los ríos de Portovelo, Zaruma, Piñas y Camilo Ponce Enríquez estaban envenenados. Diecisiete estudios e informes, revisados uno por uno para esta serie, convirtieron la sospecha en certeza: el agua, el aire, la tierra, la leche, los peces y buena parte de los 80.000 habitantes de la zona tenían mercurio o plomo encima de cualquier norma.

El mecanismo es viejo. Para separar el oro de la piedra se usa cianuro y luego mercurio. Lo que no se quema y se va al aire debería ir en camión a la relavera del Estado. Media docena de dueños de plantas lo dijeron sin rodeos, a cambio de que no aparecieran sus nombres: solo se envía una parte. El resto se echa al río.

Los números daban vergüenza. Mercury Watch, un programa avalado por Naciones Unidas, ubicó a Ecuador en 2013 como el cuarto país que más mercurio emite en el mundo: 50 toneladas al año, suficientes para llenar la bodega de un avión Hércules. Kevin Telmer, presidente del Consejo Mundial de Minería Artesanal, lo resumió así en entrevista: "Básicamente sus ríos están muertos".

El Ministerio de Minas no comentó por la "agenda apretada" de su vocero. El Ministerio del Ambiente no respondió. Salud dijo a la Asamblea, en septiembre de 2015, que recién levantaba información. Mientras tanto un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, aún sin publicar cuando salió la serie, había medido 2,9 miligramos de mercurio por kilo de sedimento en los ríos: más de once veces el límite internacional de 0,25.

En papeles estaba resuelto. La reforma de 2013 a la Ley de Minería prohibió el mercurio y dio dos años para erradicarlo. El plazo venció en 2015. En abril de 2016 fuimos a comprarlo. "Usted va por la iglesia, abajito pregunta y consigue. 65 dólares vale la libra. También puede ir a El Pache, donde están las plantas. Allá le venden a 75", nos explicó el minero Patricio Aguilar. En el mercado central de Zaruma un hombre al que llaman Videlita lo despachaba en botellas pequeñas de cola.

Las plantas de beneficio encontraron cómo esquivar el control. En una de las 82 que operaban en la zona, el área del mercurio estaba apartada, bajo candado, sin letreros. "Cuando llegan los de Arcom y nos hacen abrir, solo les decimos que las máquinas ya no se utilizan", confesó el dueño. Adentro, un trabajador manipulaba el metal sin guantes y con una camiseta en la nariz como mascarilla. Nos invitó a tocarlo. En la palma se mueve como una bolita de plastilina pesada. Es tóxico e ilegal.

La prohibición creó un negocio. Rodrigo Figueroa, fundador de la Asociación de Mineros Morancay, calculó que la zona necesita hasta dos toneladas mensuales y que el metal entra de contrabando desde Perú y Colombia. La caneca que costaba 1.000 dólares se había multiplicado por cuatro. La alcaldesa de Portovelo, Paulina López, reconoció el efecto más perverso: los mineros pasaron a quemarlo en sus casas, de madrugada, contaminando a sus propias familias.

El Estado tenía 14 inspectores para más de 500 puntos mineros en El Oro. La Arcom admitió que el contrabando "se escapa de nuestras manos". El Ministerio del Ambiente tenía un programa llamado Cero Mercurio y no respondió sobre sus avances.

Un día después de la primera entrega, oficialismo y oposición votaron juntos. Los 95 legisladores presentes ratificaron el Convenio de Minamata, el tratado internacional para eliminar el uso del mercurio, que Ecuador había firmado en 2013 y tenía guardado en un cajón.

La sorpresa fue el tono. Marcela Aguiñaga, vicepresidenta de la Asamblea y alta dirigente del partido de Gobierno, reconoció que el "mandato legal no se ha cumplido a cabalidad", admitió el paso ilegal del mercurio por las fronteras y pidió a las autoridades controlar el mercado negro. Diego Salgado, de CREO, votó a favor con una advertencia: el convenio corría el riesgo de quedar en "un gran avance en blanco y negro".

Al día siguiente, en la Comisión de Régimen Económico, la edición impresa de la investigación circuló entre los asambleístas como material de consulta. La fotografía de la sesión muestra a Patricio Donoso, de CREO, con el periódico abierto tras presentar una reforma a la Ley Minera.

Fue la reacción institucional más rápida que produjo la serie. También la más frágil: ratificar un tratado no cierra una sola planta.

En Zaruma y Portovelo nadie celebró. José Victoriano Ochoa, 38 años en la Municipalidad de Zaruma, lo dijo con la paciencia de quien ha visto pasar muchos decretos: la firma se aplaudirá cuando llegue la acción. "Los mineros siguen usando mercurio porque así lo han permitido quienes deben vigilar esa labor".

Jorge Román, activista ambiental, apuntó a la Arcom y a sus cambios continuos de jefes: cada nueva autoridad tarda meses en entender la zona. Manuel Carrión, exprocurador sindical de Portovelo, pidió no quedarse en el mercurio: "El cianuro también debería erradicarse. Se usa en mayores cantidades y es también muy nocivo".

Esa entrega reunió la evidencia científica en una sola página. El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá encuestó a 1.800 personas: nueve de cada diez admitieron beber agua directamente de los ríos sabiendo que estaban contaminados. Funsad encontró plomo en el organismo de los habitantes de la cuenca baja 17 veces por encima de lo hallado en los ríos. Naciones Unidas registró síntomas de daño neurológico en los niños de Portovelo. Acción Ecológica midió que el 34,5 % de los niños de la zona tenía dificultades de lectura, el 35,2 % de escritura y el 40,3 % de cálculo.

El propio Ministerio del Ambiente, en un informe de 2014, admitía "una percepción alta de afectaciones sobre la salud de las personas". Solo uno de cada diez habitantes reconocía el impacto ambiental.

Dos alcaldes, dos entrevistas, una misma confesión. Jhansy López, de Zaruma, fue el más directo: "A la industria minera le interesa un comino el ambiente. Le interesa sacar su beneficio. Pasas por el río a las ocho de la noche y está lleno de arena porque todo el mundo bota los desperdicios". Le preguntamos cuántas veces se había ejecutado la garantía ambiental que los mineros depositan antes de explotar. "Ni una. Cero. No se aplica".

Paulina López, alcaldesa de Portovelo y aliada del oficialismo, intentó sostener que la actividad ya se hacía sin mercurio. El diálogo quedó registrado tal cual:

—Bueno, en teoría.
—Claro. En teoría.
—¿Sí?
—No. Digo en teoría, porque en la práctica...
—En la práctica, visitamos los centros mineros y...
—Y los halló usando mercurio.
—¿Para qué engañarse?

La alcaldesa reveló además que la contaminación ya la manejaba la Cancillería, porque las autoridades peruanas venían a monitorear la relavera y a reclamar. Una demanda ambiental de Perú se había pospuesto con un convenio entre presidentes, el proyecto Puyango, que estaba paralizado. "¿Falta dinero o voluntad?", preguntamos. "Voluntad política". Ni la Cancillería, ni Ambiente ni la Embajada de Perú respondieron si existía una pugna judicial por el tema.

Alguna vez hubo peces aquí. La corriente oscura que se ve desde el Puente Negro fue el río Amarillo, donde las familias hacían picnic, lavaban ropa y pescaban. Juan Merchán, informático treintañero, creció nadando ahí. "Ahora la gente le tiene miedo al agua del Amarillo. Está muerto".

Cuando Óscar Betancourt hizo su investigación, hace una década, en los ríos Amarillo y Calera todavía se atrapaban peces en costales. La alcaldesa de Portovelo contó que un año antes, en una inspección, sus colaboradores encontraron un pez y se quedaron mirándolo un rato. Pudo haber sido el último.

En Portovelo los tachos de basura son tanques de cianuro vacíos, con la etiqueta todavía legible, que a veces sirven también para recoger agua. Gina Aymara, activista, tiene un purificador en la cocina y mascarillas guardadas en un cajón que no usa. "Pero no quita que me da miedo respirar". En el aire de la zona los tóxicos están diez veces sobre el límite internacional.

Gina Aguilar, psicóloga y profesora, no cree que la contaminación sea para tanto. Donde sí la ve es en el aula: "He notado que nuestros niños no captan. No es que demoren. Es que no captan". No conocía el estudio de Acción Ecológica que en 2012 midió deficiencias de aprendizaje en el 40 % de los niños de la zona. Uno de sus alumnos, Daniel, tiene ocho años y es hijo de minero y nieto de un pescador que llegó buscando oro. Quiere ser minero, o cazador de oro, como él dice. Para ser como su abuelo tendría que irse. Aquí ya no hay peces.

En Guayaquil no hay minería, pero hay contaminación minera. Tenguel, la parroquia más lejana de la ciudad, tiene cuatro ríos con cadmio, cobalto, níquel y mercurio sobre los límites legales, según los informes de la propia dirección de ambiente municipal. El caso lo llevó a los tribunales seis años antes la abogada Inés Manzano, y seguía esperando fallo.

El daño nace en los centros extractivos, pero no se queda ahí. La Secretaría Nacional del Agua reconoció en 2010 que los ríos Estero María, Bogotá, Santiago y Tululbí, en Esmeraldas, no eran aptos para consumo humano por la minería. En 2012 repitió el diagnóstico para el Coca, el Salado y el Quijos, en Napo. En ningún caso emitió una alerta para que los ciudadanos lo supieran.

La cuenca Puyango arrastra los tóxicos hasta el norte de Loja, desde Catamayo hasta Zapotillo, según una comisión de energía atómica contratada en 2010 por el Municipio de Puyango. Y sigue hasta el río Tumbes, en Perú, donde informes de 2004, 2006 y 2014 alertaron sobre contaminación importada desde Ecuador, presente en siete departamentos.

Lo más delicado está en los platos. Informes técnicos de Guayaquil hallaron metales pesados en muestras de banano y cacao de Tenguel. Sus habitantes, contó Manzano, temen hablar del tema por miedo a no poder vender la cosecha. El Ministerio de Salud no respondió qué controles hace para que esa leche, esos peces y esas frutas no lleguen a otras ciudades.