La caída de Fito

José Adolfo Macías Villamar, Fito, salió de la cárcel Regional de Guayaquil en enero de 2024. La versión oficial fija la fuga el 7 de enero; Boscán sostiene que el Estado se dio cuenta casi quince días tarde y que, según fuentes policiales, se fue en Navidad. Desde entonces el Gobierno de Daniel Noboa lo buscó sin resultado: alertas de Interpol, líneas reservadas y, en marzo de 2025, una recompensa de un millón de dólares y una instrucción fiscal por evasión. Muchos lo daban fuera del país. Boscán presumía lo contrario: Fito se quedó en Manabí, la zona que controlaba como nadie, y desde allí, en al menos tres oportunidades, le ofreció un pacto al Gobierno.

La primera pista fue la familia. En enero de 2024 su esposa, Inda Peñarrieta, y sus hijos se instalaron en una casa de 300.000 dólares frente al lago San Roque, en Córdoba, Argentina; ella publicó en Facebook fotos geoetiquetadas y la fuerza antinarcóticos argentina los detuvo y los expulsó. Entregados al Ecuador, la Fiscalía de Diana Salazar los dejó en libertad, recordó Velásquez. A finales de 2024 la Policía detuvo por lavado de activos a Verónica Briones, la pareja sentimental de Fito y madre de su hija menor, mientras visitaba una casa en construcción en el sector Monterrey, entre Manta y Montecristi, a nombre de Cristian Mendoza. Nadie sabía entonces que debajo había un búnker.

El 2 de junio de 2025 la Policía golpeó el primer anillo. En Manabí, Guayas y Pichincha detuvo a Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano de Fito; a un cuñado; a los padres y a un hermano de Briones, e incautó 26 vehículos y 47 inmuebles valorados en 12 millones de dólares. Boscán contó que la investigación llevaba más de un año congelada en la unidad de delitos financieros y que el fiscal subrogante Wilson Toainga la desempolvó; un informe de la UAFE de por lo menos tres años antes ya decía por dónde se movía la plata: no la esposa, sino la pareja sentimental y el círculo del hermano. Al día siguiente sumó lo que constaba en informes de inteligencia desde 2021: las empresas del círculo familiar, Iris, de limpieza y alimentación; Homabi, de carga pesada, y Queen Water, de hielo y agua, fueron proveedoras del Estado entre 2021 y 2023. El caso Blanqueo Fito habla de 37 millones de dólares lavados, sobre todo en los últimos cinco años, casas y vehículos por 13 millones y cuentas que movieron 24 millones.

Con la familia presa, Fito buscó al Gobierno. Según las fuentes de inteligencia de Boscán, tres veces: primero por Claudia Garzón, exintegrante de la comisión de pacificación que creó Guillermo Lasso, luego salpicada en el caso Metástasis; después por un mayor de Policía que había participado en la liberación de su hija, secuestrada dos años antes; por último, a través de policías de Manta, unos dos meses antes de la captura. Las pretensiones bajaron con cada intento: no ser extraditado, recuperar sus bienes, dejar a su familia fuera y no tener consecuencias; al final, solo que respetaran su vida. El Gobierno dijo que no las tres veces. Y hubo una videollamada: a inicios de mayo de 2025, unos veinte minutos, entre Fito y el ministro del Interior, John Reimberg. El ministro la negó primero y la admitió el 1 de julio.

La cuarta vía fue Colombia. El 9 de junio de 2025 la Cancillería colombiana recibió, a través de su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y de la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio, una comunicación atribuida a Fito, escrita de puño y letra, en la que pedía que Colombia fuera garante de su entrega para evitar la extradición a Estados Unidos. Según el reporte de Noticias Uno, la negociación empezó a principios de junio, tras la captura de sus familiares: Fito temía que los llevaran a La Roca, controlada por Los Lobos, y ofreció entregarse a cambio de que le devolvieran algunos bienes y trasladaran a los suyos a la Regional, que controlan Los Choneros. El 4 de junio sus abogados se reunieron con un asesor designado por Reimberg; dijeron tener información de que la idea del Gobierno era enviarlo al centro de confinamiento de El Salvador o asesinarlo, y por eso pedían un garante. Los chats publicados muestran al intermediario escribiendo a la embajadora, 'Doctora, es urgente. Carta de alias Fito pidiendo a Colombia como garante de su entrega', y a ella pasándole el número del vicecanciller. Diario La Hora añadió que Fito no confiaba en Reimberg y creía que el mejor camino era la Fiscalía de Toainga, rápido, antes de que el CPCCS designara a un nuevo fiscal.

La Policía llegó a la casa por un funcionario que cobraba sin trabajar. Un informe de inteligencia de finales de 2024 identificó una red de pipones en el municipio de Manta: en la Agencia de Tránsito, Cristian Germán Mendoza Vélez y por lo menos otros siete cobraban sueldo y no iban a trabajar, todos vinculados a Los Choneros. Tránsito es un puesto clave para el narcotráfico: ve cuándo entra la Policía por las carreteras y coordina los levantamientos de droga y de armas. Mendoza no tenía antecedentes ni marcas de pertenencia a la banda y era el dueño de la casa de Monterrey. Al seguirlo, los agentes vieron que convivía con otros tres hombres y que uno de ellos, en mitad de un proceso judicial y obligado a presentarse cada quince días fuera de Manabí, paraba al regreso en una farmacia a comprar leche de fórmula y medicinas. No había niños en la casa. Las medicinas servían para la diabetes, el glaucoma y la hipertensión: las enfermedades de Fito.

La casa estaba chequeada, como otras 27 propiedades del entorno. La Policía la había allanado al detener a Briones, volvió en febrero de 2025 y en marzo, y no encontró el escondite: ni el densitómetro que mide el espesor de las paredes lo mostró. Pero volvían por lo que veían: medicinas al fondo de una alacena, juguetes de niña, un dinosaurio de plástico igual al de las fotos de la hija de Fito con Briones, un cochecito rojo en el balcón, puertas blindadas en los dormitorios y una piscina con tobogán cuyo techo corredizo la hacía desaparecer de las tomas de los drones, una estrategia que Vivanco recordó de una casa del Chapo Guzmán. Velásquez lo resumió en 2026: la propiedad fue allanada seis veces sin resultado, porque cada vez Fito bajaba al búnker y esperaba, hasta que los juguetes junto a la piscina dijeron que la hija estaba ahí y, probablemente, el padre.

El 25 de junio de 2025, a las cinco de la mañana, las Fuerzas Armadas entraron a la casa y cerraron quince cuadras a la redonda; unos 200 militares, en la operación bautizada Gran Fénix 23. Fuentes militares citadas en el programa hablaron de una llamada interceptada a su familia como punto de partida, la misma grieta que perdió a Pablo Escobar en 1993. Los ministros John Reimberg y Gian Carlo Loffredo volaron a Manta; en un sobrevuelo les llamó la atención un sembrío irregular detrás de la casa y pidieron maquinaria pesada. Velásquez contó que el operativo duró cerca de doce horas y que Fito solo salió cuando cortaron la energía eléctrica, se quedó sin ventilación y oyó las excavadoras sobre su cabeza: no lo encontró la Policía, se desesperó. Abrió la escotilla y arriba lo esperaban militares y policías. 'No soy como me pintan', le dijo a Loffredo. Ese mismo día Noboa, desde su gira, atribuyó la captura a las leyes de Solidaridad y de Inteligencia aprobadas dos semanas antes. Fito llegó a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil a las 21:15, paseado por los ministros ante las cámaras, y entró a La Roca, la cárcel a la que no quiso ir en enero de 2024 porque creía que allí lo matarían.

Con él cayeron cuatro custodios: Carlos Cedeño, Cristian Mendoza, Freddy Zambrano y Eduardo Hurtado. Solo uno constaba como miembro conocido de Los Choneros; Boscán lo leyó como una cápsula mínima para evitar filtraciones, con un millón de dólares de recompensa en juego. Fuentes de inteligencia que no participaron en el operativo se preguntaban, en cambio, por qué el hombre más buscado del país tenía una sola arma con una sola bala y sus guardaespaldas, cinturones negros de jiu-jitsu, no llevaban armas; no descartaban que a Fito lo hubieran engañado con la promesa de una reunión. Boscán también matizó la épica oficial: la captura fue obra de la ULCO, la unidad policial que llevaba meses tras Fito y que viajó a Estados Unidos con la DEA y Homeland Security para preparar tres casos, y se atribuyó a las Fuerzas Armadas porque necesitaban un salvavidas después de dejar salir caminando a alias Fede de la Penitenciaría.

La casa, que el programa mostró en fotos exclusivas el 30 de junio, estaba en plena construcción con acabados de lujo: área de parrilla, cocina, un decantador de vino, sala de billar, gimnasio, la piscina con tobogán. El búnker, bajo una baldosa que se movía, tenía aire acondicionado, ventilador, refrigeradora y una cama; los militares lo compararon con los de Israel, Siria o Palestina. Se recogieron seis teléfonos. El 2 de julio el bloque de seguridad volvió con retroexcavadoras al patio, seis o siete veces más grande que la casa, y desenterró una caleta: armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, joyas y cuatro relojes Rolex de entre 20.000 y 35.000 dólares cada uno. Un coleccionista le explicó alguna vez a Boscán para qué sirven: con tres relojes en las muñecas se cruza un aeropuerto con un millón y medio de dólares. Antes de la captura, la Policía había entrado a la celda de Briones y hallado documentos y un dispositivo electrónico sobre cómo se mezclaba el dinero de la droga con el de los negocios lícitos en una red de empresas fantasma.

La recaptura fue el mayor golpe del Gobierno en materia de seguridad y, según Boscán, salvó los cargos de Reimberg y Loffredo, en la cuerda floja semanas antes. Duró poco intacta. El fin de semana siguiente, Noticias Uno de Colombia publicó que Fito mismo le dio al ministro la dirección para una reunión el 25 de junio y que, en lugar del ministro, llegó la Policía antiterrorista. Reimberg respondió en X: 'Canal 1 de Colombia miente', Fito no se entregó, no hubo pacto ni participó Colombia, la operación fue cien por ciento ecuatoriana. Boscán pidió precisión: ¿miente en la carta? No, la carta existe. ¿En que la recibió la embajadora? Tampoco. ¿En que hubo un delegado y una videollamada? Eso el ministro no lo había dicho. El 1 de julio, en el programa de Jimmy Jairala, Reimberg admitió la videollamada de veinte minutos de inicios de mayo: Fito pidió cosas, todo fue negado, y después de esa llamada él mismo lideró los operativos para quitarle bienes y empresas y detener a su familia. En una semana las versiones oficiales cambiaron cinco veces: las leyes, una llamada al 131, la niña que dijo dónde estaba su papá, el agente de tránsito, las medicinas. Fuentes policiales, contó Velásquez, estaban molestas porque el ministro habló de la niña cuando se había acordado no hacerlo.

Evidencia

La Cancillería colombiana admitió haber recibido la comunicación el 9 de junio, dijo que su autenticidad no estaba comprobada y que no actúa como garante de narcotraficantes; la embajadora negó haber recibido carta alguna. Gustavo Petro escribió que no conoce a Fito. El presidente colombiano había estado en Manta después de la posesión de Noboa, el 24 de mayo, y una columna de El Tiempo lo ubicó en una mansión de un familiar de Fito. Velásquez y el equipo lo desmintieron con datos: Petro se alojó en Santa Marianita, en una casa de playa de alquiler de un empresario quiteño sin vínculo con la política, rodeada de policías y militares ecuatorianos que en realidad le montaron inteligencia por temor a un contacto con la gente de Fito. Sí hubo, según la reportería de Velásquez, delegados y abogados de Fito que pidieron una reunión con Petro, incluso con un viaje a Colombia; la reunión no se produjo. Boscán recordó que Fito buscó a la embajada colombiana y no a la estadounidense por una razón: sabía a quién podía abrirle la puerta. Y el periodista de Noticias Uno les dijo, en dos llamadas, que la carta física, los audios y los chats le llegaron de un alto funcionario del Gobierno ecuatoriano.

Del expediente salió otra consecuencia. El 30 de junio la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, pidió al Gobierno intervenir la Empresa Pública de Movilidad: uno de sus funcionarios, con más de trece años en la nómina, era parte del anillo de Fito, y la institución acumulaba agresiones, amenazas, bombas, muertes y ausencias sistemáticas. Boscán contó lo que le dijo el alcalde Intriago, hoy difunto: una de las primeras llamadas que recibe un alcalde de Manta, el mismo día de la elección, es la de Fito, para avisarle quién manda. Y preguntó qué haría el Estado con los otros funcionarios de tránsito plenamente identificados por la Comandancia, el Ministerio del Interior y la Inteligencia. En Esmeraldas lo hacen los Tiguerones y en El Oro otras bandas: las agencias de tránsito son la primera línea que avisa cuándo viene la Policía, y por eso hay tantos agentes asesinados.

Fito tenía abogado en Nueva York desde el 26 de junio, al día siguiente de la captura: un penalista conocido por defender a capos colombianos, entre ellos alias Chupeta, del cartel del Norte del Valle. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York lo acusaba desde abril de 2024 con siete cargos: conspiración para la distribución internacional de cocaína, distribución de cocaína en dos envíos de unos 1.100 y 800 kilos, uso de armas de fuego en el tráfico de drogas, contrabando de armas desde Estados Unidos y conspiración para la compra fraudulenta de armas. Boscán había dicho el 26 de junio que la única forma de saber si hubo pacto se llamaba extradición. Reimberg prometió que sería antes de diciembre. Fue en 25 días: Fito aceptó la extradición ante el presidente de la Corte Nacional, José Suing, en cuestión de segundos, según el internacionalista Esteban Santos, y Estados Unidos se comprometió por escrito a no imponerle cadena perpetua ni pena de muerte. El domingo 20 de julio de 2025 un avión del Departamento de Justicia salió de Guayaquil a las dos de la tarde y aterrizó en Nueva York cerca de las ocho de la noche, sin anuncio oficial hasta el tuit de Noboa: 'Hasta nunca, Fito'. El 21 de julio, ante un tribunal federal de Brooklyn y con traductor, se declaró no culpable; el fiscal pidió que no hubiera fianza por su peligrosidad, sus dos fugas y sus nexos con el cartel de Sinaloa.

Lo que sigue es lo que Boscán enumeró el día de la recaptura: qué contará y a quién expondrá. Quiénes le ayudaron a llegar al despacho más alto de la Fiscalía y le ofrecieron protección a una familia que nunca fue procesada; los generales activos y pasivos de la Policía que le rendían pleitesía por un pago mensual, algunos entregados en avioneta en Samborondón, y que hicieron operativos contra Los Lobos para dejarle libres los puertos; los ministros con los que sí pactó privilegios en las cárceles a cambio de bajar la calentura en la calle; los funcionarios que le pidieron ayuda para recapturar fugados; las campañas a alcaldías, prefecturas y cargos nacionales que financió; quién, en el gobierno de Lasso, le abrió el dinero público para que sus empresas fueran proveedoras del Estado; quién lo ayudó a fugarse en 2024, en una fuga que la exfiscal Salazar se negó a investigar; los militares que custodian la droga que entra por la frontera norte; las facilidades de los principales bancos para mover 30 millones de dólares en sus cuentas y las de su familia. Y, sobre todo, que no es el gran capo del Ecuador: los hay más grandes, más violentos y más silenciosos. En Estados Unidos, explicó Santos, la cooperación se negocia sobre la mesa y a cambio de pruebas: rutas, operadores, bancos, autoridades. Velásquez sostuvo que hubo algún tipo de conversación o acuerdo, con varias embajadas al tanto, y que por ahora la extradición fue un premio: en una cárcel federal Fito tiene muchas menos posibilidades de morir que en La Roca.

En octubre de 2025, desde Canadá, Boscán publicó en El Prólogo cinco entregas sobre alias La Muerte, el gatillero principal de Fito, que lo llamó por WhatsApp desde una cárcel de México mientras cocinaba una pasta un domingo. Mató por primera vez a los nueve años, a dos niños que le robaban el pan en la escuela, en la 17 y Gómez Rendón, en el suroeste de Guayaquil, por veinte dólares que nunca cobró; dejó de tatuarse a sus víctimas después de la cruz número 72. Lo reclutó el cuñado de alias Fede en Bastión Popular, se presentó a Fito, entonces número dos de Rasquiña, por videollamada, y lo mandaron a una escuela de sicarios en Sucumbíos dirigida por alias Lalo, donde militares activos y pasivos entrenaban durante mes y medio a muchachos convencidos de que eran guerrilleros; la graduación exigía morder el corazón de un cadáver. Describió el oficio: 17 o 18 días de seguimiento, la dirección sacada de la planilla de la luz o del agua, y por eso los narcos ponen gente en CNEL, en las empresas de agua y en las agencias de tránsito; los videos de los hijos subiendo al expreso escolar; la llamada previa que Fito exigía para que la víctima supiera quién y por qué. Entró vestido de policía con seis hombres a un centro de salud de Santo Domingo a rematar a un herido custodiado, y vestido de guía a la Regional para cuidar a Fito. Cobró hasta 50.000 dólares por un trabajo, por alguien famoso. Salió de Manta con lo que creía un cargamento de dos toneladas y la Armada mexicana lo abordó antes de Chiapas: eran 100 kilos, una falsa bandera para deshacerse de él. Llamó, dijo, para que se cuente que nada de eso vale la pena.

La estructura siguió cayendo. En mayo de 2026 Velásquez puso a Fito en la serie de los capos que cayeron por amor: Escobar por la llamada de cumpleaños a su hijo, El Chapo por una actriz, Fito por los juguetes junto a la piscina. El 16 de junio de 2026 cayó en Colombia, con identidad y documentos colombianos falsos y notificación roja de Interpol, Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano menor de Fito, condenado a doce años por homicidio y liberado en 2018 cuando el máximo tribunal dejó insubsistentes sus recursos; para la Policía antinarcóticos era el último gran chonero activo. El bloque de búsqueda ecuatoriano lo ubicó y las autoridades colombianas lo detuvieron; Reimberg acusó en Caracol al Gobierno colombiano de haberse negado a entregarlo hasta que llegó la notificación roja. Boscán reconstruyó la lista: Celso y Fede presos a la espera de extradición, Topo con extradición ordenada, Yandry detenido, un hermano sentenciado en 2026 a diez años por lavado de activos; de la generación que heredó a Rasquiña solo quedaba libre un hijo de Fito. Menos de un mes después, la madrugada del 12 de julio de 2026, David Macías Villamar, un hermano al que la banda nunca dejó entrar al mando y que armaba gente en Puerto López, fue fusilado en la urbanización Altos de Olón, en Manglaralto: 40 vainas percutidas, 30 de 9 milímetros y 10 de 5,56, según el parte policial. En 2021 la Fiscalía le había archivado una investigación previa. Los Choneros, 30.000 o 40.000 personas, seguían funcionando con el mando desbaratado, siete u ocho bajas en diez meses, mientras Los Lobos, ya la primera estructura del país, y un capo al que la Policía llama Loco Ovidio se disputaban las zonas que fueron suyas.