Arroz Moreno

Lenín Moreno llegó a la Presidencia en mayo de 2017 como heredero de Rafael Correa y a los pocos meses rompió con él. La consulta popular del 4 de febrero de 2018 fue su herramienta: siete preguntas, entre ellas la muerte civil para condenados por corrupción, el fin de la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. La campaña por el Sí se presentó como la cruzada contra la corrupción del correísmo. Ganó todas las preguntas.

El 14 de junio de 2020, en plena pandemia, La Posta publicó un reportaje de siete minutos. Una fuente del antiguo círculo cercano del presidente, tras meses de seguimiento, había entregado archivos y correos sobre el financiamiento de esa campaña. El primer correo es del 19 de diciembre de 2017, a las 3 y 54 de la tarde: el consultor político Luis Valdebenito envía un documento llamado Plan Logístico Ozil, bajo el asunto Presupuesto logística, a Jorge Wated y a Patricio Beltrán, el financiero de Alianza País. Wated era entonces director del Secob, la empresa de obras públicas, y en 2020 presidía el directorio del Seguro Social. La Posta dejó toda la documentación a disposición de las autoridades de control.

Los archivos eran una contabilidad paralela, parecida a la del caso Arroz Verde que había destapado los aportes de empresas privadas a las campañas de Correa. De ahí el nombre. La diferencia era peor: esta vez los aportantes no eran empresarios privados sino gerentes de compañías públicas, que manejan dinero de todos, para la campaña del partido de Moreno y de su entonces vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, procesada después por corrupción. El documento se llamaba Presupuesto general de gerencia logística de campaña y detallaba equipos, sueldos e insumos.

Un archivo, el presupuesto de insumos: casi un millón en camisetas y banderas, medio millón en globos, folletos y afiches, otro medio millón en góndolas y publicidad en buses, y un equipo con sueldo: administradores de bodega, asistentes, mensajeros, doce operadores de distribución y un contador. Otro archivo, el gasto total: 1,4 millones en control electoral, 1,5 millones en brigadas, 300.000 en movilización, 200.000 en imprevistos, 100.000 en acción política, 30.000 en avanzada. Son 3,53 millones, más el millón y medio restante en efectivo: al menos cinco millones.

De dónde salió la plata. Según la contabilidad, de Flopec, la flota petrolera; Cear, la empresa de los centros de alto rendimiento; Enami, la minera; Ecuador Estratégico; Astinave, los astilleros de la Armada; Petroecuador y Petroamazonas; Fabrec; Correos del Ecuador; CNT; Celec; y el programa Casa para Todos, que no hace casas pero mueve dinero. Unos aportaron 4.000 dólares, como el Cear; otros 100.000, como Ecuador Estratégico; Petroecuador, un millón. Entre las empresas públicas se recaudaron al menos 2,3 millones, más un millón y algo anotado como cortesía de Celec. Correos aparece con un canje de 100.000 dólares por el courier de la campaña. A CNT le pidieron las comunicaciones y los teléfonos.

Los nombres son los de Carondelet. Jorge Wated coordinaba a las empresas que aportaban. Gustavo Baroja, alto dirigente de Alianza País, aparece recibiendo un millón de dólares en efectivo de Petroecuador para logística. Hay entregas en efectivo a David Tellez, funcionario del Ministerio del Interior, y a Ricardo Rhon, funcionario cercano a Wated desde la Corporación Financiera Nacional. Y Eduardo Mangas, la mano derecha de Moreno en su primer año, caído en desgracia tras la filtración de un audio. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no había presentado el informe concluyente de gastos y el plazo legal de dos años ya había vencido. El 25 de mayo de 2018 el partido entregó su liquidación oficial: ni medio millón, según voces al interior del CNE.

El 16 de junio La Posta amplió el caso en su programa con César Montúfar y Fabricio Villamar; el 19 con Marcelo Simbaña, asambleísta de CREO que llevó el tema a la Asamblea y pidió un examen de Contraloría, información al CNE y al SRI y una investigación en el Consejo de Participación; y el 23 con los abogados de Mónica Castillo, la exgerente del Cear que confirmó ante la Fiscalía lo publicado. Castillo declaró que la hoja con empresas, gerentes y montos que mostró La Posta fue la que le presentaron en la reunión del 4 de enero de 2018, a la que llegó en un vehículo oficial con salvoconducto porque creía que era una reunión de trabajo, y que los 4.000 dólares en 100.000 afiches que le pidieron los pagó de su bolsillo. Otros cinco gerentes habían declarado no saber nada. Su defensa denunció que funcionarios en servicio la llamaron para preguntarle qué diría. Ese 23 de junio de 2020 los once miembros de la Comisión de Fiscalización aprobaron por unanimidad un cronograma para investigar el uso de fondos de empresas estatales en la campaña del Sí. Le pusieron el nombre de La Posta: Arroz Moreno. Convocaron a las doce empresas entre el 26 de junio y el 1 de julio; a Baroja, Tellez, Rhon y Mangas el 3 de julio; a Atamaint el 6. Pidieron información a Contraloría, Fiscalía, CNE y SRI. El 8 de julio la revisión de los reportes al CNE ratificó que lo declarado no alcanzaba a cubrir lo gastado.

Ahí se detuvo. Boscán lo comparó en el programa: a las cuatro horas de publicado Arroz Verde había un detenido y a las dos semanas un cooperador eficaz; a los diez días de Arroz Moreno solo había versiones. La investigación legislativa no produjo un informe con consecuencias y la Fiscalía nunca anunció procesados por este caso. En diciembre de 2020 La Posta hizo el balance de las promesas del Gobierno: de los 90 millones que debía recuperar la lucha anticorrupción, se habían recuperado 3,9, y los casos que tocaban al Gobierno, como INA Papers, quedaron fuera. Moreno dejó el poder en mayo de 2021 con la Asamblea investigando a su entorno por el caso INA Papers.

El desenlace llegó por otro lado. La Fiscalía abrió en marzo de 2019 una investigación por los sobornos de la china Sinohydro en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, 76,1 millones pagados entre 2009 y 2018. En abril de 2023 pidió prisión preventiva para Moreno; en septiembre de 2025 lo acusó junto a su esposa, su hija, sus hermanos y sus cuñadas. El 29 de agosto de 2026 un tribunal lo condenó a cinco años de cárcel por cohecho. Moreno, que vive en Paraguay, rechaza los cargos. Por Arroz Moreno, nada.