Paz o plomo

Hasta septiembre de 2021, del interior de las cárceles del Ecuador solo se conocía la versión oficial. Ningún equipo periodístico había entrado a los pabellones sin custodia del Estado a preguntarles a los presos quién mandaba. La Posta entró con los dos permisos que hacen falta, el del Estado, que deja entrar, y el de los presos, que deja salir con vida, y salió con el mapa de quién controla cada pabellón.

Por primera vez el país conoció con nombre y apellido a los líderes de las bandas, cómo se repartían las cárceles y cómo se repartían los territorios, a partir de un cuadro de la propia Policía sobre el crimen organizado que el equipo adaptó para proteger a sus fuentes. La serie mostró los tentáculos del crimen organizado controlando instituciones antes de que el Estado lo admitiera.

Para entender las masacres hay que entender a un hombre. Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña, empezó como ladrón de celulares, siguió como sicario y desde la cárcel construyó Los Choneros, la banda nacida en Manabí a fines de los noventa que hacia 2007 pasó a la logística de los carteles, absorbió en 2017 a los ex Ñetas y durante una década controló las prisiones, el microtráfico, la cooperación con el narcotráfico y el sicariato del país. Se graduó de abogado preso. Convirtió la banda en una corporación: dejó que sus hombres de confianza tuvieran sus propias subdivisiones, todas bajo su mando. Fito y Javi, hoy en libertad, fundaron Las Águilas, con base en Manabí. Junior, un sicario de La Troncal que no era chonero y conoció a JL en la cárcel, fue el brazo armado con Los Fatales. Ben 10 y El Hebreo, hermanos, tomaron los Chonekillers en Durán. Willy, un exguía penitenciario, los Tiguerones. Pipo, Los Lobos en Latacunga. Mientras JL vivió, convivieron.

Lo mataron el 28 de diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta, fuera de la cárcel, donde era intocable; había salido en prelibertad meses antes. La inteligencia policial atribuyó entonces el crimen a Los Lagartos con apoyo de carteles mexicanos. Se suponía que Fito heredaría. No fue tan simple: cada líder tenía su forma de mandar y ninguno quiso someterse a otro. Fito y Junior se aliaron en la Regional; Ben 10, El Hebreo, Willy y los Lobos formaron el otro bando. El 21 de febrero de 2021 presos secuestraron guías en la Regional para frenar la entrada de dos armas destinadas a matar a Fito y a Junior; panfletos anunciaban su muerte con guiños a un cartel mexicano. Dos días después, el 23 de febrero, 79 muertos en motines simultáneos. El 28 de septiembre, 119 muertos en la Penitenciaría del Litoral, la peor masacre carcelaria en la historia del país: el pabellón 3, de Junior, contra el 2, de El Hebreo, separados por una pared de dos metros y medio y una malla que se corta. La versión oficial hablaba de una guerra entre el cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. La Posta decidió preguntarles a ellos.

El 30 de septiembre de 2021, dos días después de la masacre, Boscán publicó el prólogo con un mapa en la mano: la Penitenciaría tiene doce pabellones y cada uno lo controla una banda; La Roca, la cárcel de máxima seguridad, está vacía; en la Regional mandan Fito y Junior. Quince días antes tres drones habían volado sobre la Regional sin que ningún inhibidor los frenara; uno estalló con C4 sobre el pabellón de máxima seguridad donde están Fito y Junior y dobló las vigas sobre la celda de Junior; los otros dos cayeron cuando los reclusos sacaron dos fusiles. No era un mensaje. Era un intento de asesinato, y detonó la matanza. Una llamada al 911 durante el motín, a la que La Posta tuvo acceso, muestra a un preso pidiendo que manden la ley mientras suenan los disparos. La primera jornada dejó 19 muertos en el pabellón 5. El Gobierno dijo que todo estaba controlado. Después mataron a 70 más. La guerra del último año y medio dejaba más de 200 muertos en las cárceles y al menos 1.200 en las calles.

Para entrar a una cárcel del Ecuador hacen falta dos permisos: el del Estado, que te deja entrar, y el de los presos, que te deja salir con vida. El primero lo dio por escrito el SNAI de Fausto Cobo en junio de 2021; el de las cuatro bandas contrarias llegó por un operador de Leandro Norero, y el de Fito y Junior por una llamada que hizo un empresario costeño desde la oficina de Boscán. La mañana de la visita un centenar de policías hacía una requisa, armados y con celulares, sin que nadie llevara control de cuántas armas entraban y salían. La revisión de entrada duró una hora, pero las pantallas de los escáneres estaban apagadas, las bandas no rodaban y los detectores no encontraron los objetos que dejaron a propósito en los bolsillos. Los guías que los escoltaron no tenían armas letales y las que llevaban no tenían municiones; el país tenía unos 1.300 guías cuando necesitaba 4.500. En la puerta del pabellón 2 esperaron veinte minutos a que el llavero, un preso, abriera la mirilla. Solo los presos tienen las llaves. Cada pabellón es una cuadra amurallada de cinco metros con un vigía armado en la punta; al ingresar te preguntan a qué pabellón quieres ir, y así la cárcel terminó repartida como un pastel.

La segunda entrega es la economía. Cada pabellón tiene un comandante que impone las normas; cada ala, un caporal que controla unos 250 presos y tres negocios: los pushers, autorizados a vender droga, más barata que en la calle, a un dólar la dosis de H o de cripy, que sirve de moneda; el banco, un preso que recibe entre 5.000 y 50.000 dólares a la semana para prestarlos al 30 o 100 por ciento de interés; y la tienda. El cigarrillo está prohibido y se compra: la cajetilla a 20 dólares. Meter un celular cuesta 300 y usarlo, 20 a la semana. El Estado invirtió cientos de miles en inhibidores y adentro el derecho a usar router vale 30 dólares semanales; Boscán lo probó sintonizando La Posta desde el pabellón 2, el de los Chonekillers. Y se paga lo que uno no quiere: la celda, el colchón, rasuradoras cada semana; el que no paga va a cuarentena, pocos metros cuadrados para cuarenta presos que duermen por turnos en el suelo. Un pabellón deja entre 50.000 y 70.000 dólares a la semana, unos 200.000 al mes. Hay doce. En 2024 Boscán calculó el sistema completo: 20 dólares semanales por cada uno de 40.000 presos, 800.000 a la semana solo en cobros internos.

Fito recibió al equipo en su pabellón: la primera vez que un medio hablaba con el líder de Las Águilas, que dirigía la Regional y dos pabellones de la Penitenciaría. Junior, a quien la Policía teme, les ofreció un Red Bull y cigarrillos y conversó en la azotea, bajo el hueco que dejó el dron. Cuando un preso se fugó de la Regional, el Estado tuvo que pedirles a Fito y a Junior que lo recapturaran. Las requisas, que los presos llaman raquetas, entregan armas señuelo para que la Policía diga que hace algo; el 4 de octubre La Posta difundió el audio de un policía avisando a los pabellones de Fito y Junior del operativo que preparaba la comandante Tannya Varela. Y La Roca sigue vacía; cuando el equipo preguntó por qué no llevan allí a los cabecillas, la respuesta fue: eso sería a muerte. Horas después de la visita hubo una balacera en la Penitenciaría que ningún medio reportó. Días después llegó la masacre del 28 de septiembre.

La tercera entrega sale a la calle. Un viernes en un sector popular de Guayaquil: una peatonal con rejas cuyas llaves tienen los microtraficantes; afuera los niños juegan con pistolas de juguete y adentro, en una sala de tres por seis, cinco muchachos de entre 17 y 32 años empacan cripy y H mientras un recién nacido duerme en el único cuarto. En esa ciudadela hay al menos cuarenta puntos de venta y cada uno deja entre 100 y 150 dólares al día. La droga viene de San Lorenzo, en Esmeraldas, donde la guerrilla domina el narcotráfico; a pocas cuadras un retén militar revisa todo y no encuentra nada. No hay edad para consumir, dicen. Por la noche, en Durán, los Chonekillers muestran su escuadrón de élite armado, rezan en plena calle con un rito heredado de los Ñetas y ponen a un sicario de veinte años frente a la cámara: mató por primera vez a los 18; una muerte cuesta 150 dólares si el objetivo no es nadie y más de mil si es alguien.

La cuarta entrega vuelve a las cárceles con la pregunta de fondo. Fito niega haber ordenado la muerte de JL. Todos niegan trabajar para carteles mexicanos: yo vivo en el Ecuador, no voy a permitir que un extranjero imponga un régimen. En 2008 el Gobierno de Correa escuchó a los Ñetas y a los Latin Kings, los atendió en centros de salud, los inscribió en la universidad, los organizó en planillas de trabajo y los llevó a deponer las armas y dejar las calles. Fito y Junior firmaron un acuerdo de paz, pero solos, sin sus contrarios. Los líderes ofrecieron entregar las armas de las cárceles si los separaban. El problema está a la vista en el plano de la Penitenciaría: los pabellones de un bando y del otro están mezclados, a una pared de distancia. La propuesta de la serie es elemental: separarlos con muros o con uniformados y abrir un proceso de paz. Los procesos de paz nunca son la opción más popular.

No se separó a nadie. Tres semanas después de la cuarta entrega Lasso ofreció la mediación de la Conferencia Episcopal, que la llamó un buen deseo. La noche del 12 de noviembre de 2021, diecisiete días después de la cuarta entrega, hubo una nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral: 68 muertos según el primer conteo de la Fiscalía, cifra que el Gobierno rebajó a 62, y 44 heridos. Boscán la reconstruyó el lunes 15, con fuentes de adentro: la Policía había desarmado días antes al pabellón 2, de Ben 10 y El Hebreo, trasladado poco antes; el pabellón 3, de Junior, lo atacó; 950 presos se refugiaron en un ala mientras la mayoría de los muertos, más de 40, caía incinerada en el pabellón F, un transitorio donde se pagaba por no convivir con los peligrosos; 350 policías contra 2.000 hombres armados, más de cinco mil municiones, y la Policía entró a las 2:30 de la madrugada, con los militares afuera porque el anterior jefe del Comando Conjunto había cabildeado en la Corte Constitucional para que no entraran. El Gobierno de Lasso convocó a todos los poderes del Estado y anunció un nuevo estado de excepción, asesoría de Colombia, la entrada de militares a las cárceles como zonas especiales y un proceso de pacificación encabezado por Nelsa Curbelo con la Conferencia Episcopal. Nunca se hizo. Septiembre de 2021 había sido el mes más violento en diez años, 320 muertes frente a 105 un año antes; Guayas superaba a Sinaloa en tasa de asesinatos. Las masacres siguieron en 2022 y 2023. El país terminó 2021 con 17,1 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2023 llegó a 47, la tasa más alta de América Latina.

Los protagonistas siguieron su curso. Fito se fugó de la Regional en enero de 2024; su fuga desató motines simultáneos, atentados con bombas y secuestros de policías, y el Gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno. Lo recapturaron el 25 de junio de 2025 en un búnker de lujo en Montecristi y el 20 de julio de 2025 fue extraditado a Estados Unidos, el primer ecuatoriano entregado por crimen organizado tras la reforma constitucional de 2023. En febrero de 2026 su audiencia en Nueva York se aplazó entre versiones de una negociación con los fiscales. Junior Roldán fue asesinado en Colombia en mayo de 2023. Pipo, a quien la Policía daba por muerto, fue capturado en noviembre de 2025 como jefe de Los Lobos, para entonces la organización más poderosa del país. Cuatro escoltas de Fito fueron condenados en noviembre de 2025.

Los periodistas también. Desde octubre de 2021 Boscán recibió amenazas directas: un grupo autodenominado Los Fantasmas difundió un video armado contra La Posta, le enviaron fotos de sus hijas subiendo al bus escolar, y la fiscal Salazar lo hizo entrar al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos; Fundamedios pidió acciones inmediatas. Boscán contó en 2024 haber recibido 27 amenazas de riesgo considerable. Se exilió en 2023 y en septiembre de 2024 él y Mónica Velásquez volvieron a salir del país. En 2024 el equipo de La Posta volvió a entrar a las cárceles: Turi en febrero, centro de operaciones de Los Lobos con 971 presos, y Esmeraldas en junio, 1.518 presos, más de 150 armas y 88.000 municiones incautadas, donde alias Santos, el caporal, cobraba 10 dólares semanales a cada preso y castigaba con látigo. Ese junio Boscán contó por primera vez cómo llegó a Norero, a Fito y a Junior. La tesis de 2021 sigue sin aplicarse.