El colegio militar
que mandó a callar

El estudiante tiene 17 años, cursa el tercer año de bachillerato y está por graduarse del Colegio Militar N.º 7 Miguel Iturralde, en Portoviejo, Manabí. Su madre lo matriculó ahí porque quería una educación disciplinada y está acostumbrada a la severidad de la academia: limpiar, hacer ejercicios, cumplir órdenes. El chico tiene una condición médica: si toca superficies con lodo, la piel le erupciona de forma severa. Por eso tenía un certificado médico que lo excusaba de esas actividades.

El 11 de julio de 2026 le pidieron una actividad que involucraba lodo. Se negó. Según la denuncia presentada ante las autoridades por la psicóloga del colegio y por la madre, y según los relatos de sus compañeros que el programa escuchó, el sargento Ochoa, de 45 años, lo tiró del brazo, lo llevó al suelo y le aplicó una llave militar en el cuello para restringirle la movilidad, hasta que el estudiante no pudo seguir pidiendo auxilio. Después obligó a otros alumnos a sujetarlo y cargarlo, y entre todos lo arrojaron al lodo mientras lo golpeaban. El estudiante quedó con daños físicos y con sus pertenencias dañadas. Un informe médico de esos mismos días registró lesiones, signos físicos y la reacción alérgica.

La denuncia de la madre señala por presunta violencia física al sargento Ochoa, al sargento Lara y a otros instructores. Boscán mostró al aire la cara y el nombre de Ochoa. Para él, la agresión por sí sola no habría llegado al programa. Lo que la convirtió en un caso fue lo que vino después.

Presentada la denuncia, alguien del colegio le habló a la madre. Le ofreció hacerle el trámite para cambiar a su hijo de plantel, porque estaba fichado. Fichado, según le explicaron, significa que no lo iban a dejar graduarse en la academia militar. El estudiante agredido pasaba a ser el problema por haberse quejado con su madre.

El rector del colegio, Carlos Guerrero Escobar, le pidió a la madre que no pusiera la denuncia, para que todo siguiera como si nada hubiera pasado. Y la amenazó: que cuidado se le ocurría grabarlo. Boscán mostró su foto y su nombre al aire y le pidió que explicara a las autoridades educativas por qué protegía a quien golpea a sus estudiantes.

El 17 de julio de 2026, a las 23:32, la madre empezó a recibir mensajes y llamadas. Quien escribía decía ser de un grupo de delincuencia organizada, la amenazaba de muerte, le exigía una respuesta y le advertía que no los bloqueara. Le decían que hablaba mucho, la insultaban y la presionaban para que se fuera del lugar. Hubo también grabaciones de voz.

Para demostrarle que sabían dónde vivía, le enviaron la foto de su cédula y la de su hijo. La imagen tenía un defecto: en el apellido, dos letras aparecían pegadas por un error de impresión. No era la cédula original, era una copia. La copia que consta en el expediente del colegio tiene exactamente el mismo error en el mismo lugar. Boscán puso las dos imágenes lado a lado.

La madre presume que un militar con acceso al expediente de su hijo entregó los datos. Ella y el estudiante dejaron Portoviejo y viven en otra ciudad. Temen que, si el chico vuelve al colegio, pase algo peor. Boscán lo resumió así: la madre denuncia que le aplicaron una llave a su hijo y termina fuera de su ciudad, hostigada por quienes usaron información que solo tenía el colegio, sin una autoridad a la que recurrir.

El 27 de agosto de 2026 Andersson Boscán presentó el caso en el programa, con los nombres y las fotos del sargento Ochoa y del rector Guerrero Escobar. Pidió la atención del Ministerio de Educación y recordó que las personas que participaron están plenamente identificadas, incluido el rector, que decidió proteger a los instructores en lugar de a los estudiantes.

Al día siguiente contó la reacción. El sargento Ochoa pidió a sus allegados que comentaran el video para defenderlo y que lo denunciaran en la plataforma. Y esa mañana, en el colegio, reunieron a los estudiantes. Un alumno lo grabó: primero le hablaron a todo el plantel para decir que un periodista venezolano decía mentiras y que no creyeran lo que veían en redes; después reunieron solo a los de tercero de bachillerato.

Boscán se lo reprochó directamente al rector Guerrero Escobar: ir donde menores de edad, un día antes de la comisión de investigación, a amenazar a los testigos. Pidió a los alumnos que no tuvieran miedo y que grabaran todo, y a los ministerios de Defensa y de Educación que tomaran nota. Aclaró que no tiene nada contra las Fuerzas Armadas, donde tiene amigos que considera gente honesta.