Las empresas de la mafia albanesa

Para entender esta historia hay que saber quién manda en el narcotráfico ecuatoriano. Las bandas locales, Choneros, Chonekillers, Tiguerones, Águilas, Fatales, trabajan para mafias internacionales. En la primera ola, entre 2012 y 2019, mandaron los mexicanos. En la segunda llegaron los albaneses, que fueron desplazando a la Ndrangheta italiana del traslado de cocaína y tomaron las rutas hacia el Reino Unido, la principal puerta de la droga en Europa. El narcotráfico no es plantar coca y mandarla en barco: es una industria que necesita empresas, exportadoras, bananeras, transportistas, dinero en efectivo y dinero bancarizado.

Cédula

Dritan Gjika, albanés, llegó a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal. En trece años viajó decenas de veces a España, Albania, Alemania, Colombia, Turquía y Emiratos Árabes. La Policía Antinarcóticos lo identificó como jefe de la mafia albanesa en el país, alias Gran Hermano o Tony, en un informe de inteligencia de 2021 llamado León de Troya, que el general Giovanni Ponce, director antinarcóticos mantenido en el cargo por el ministro Patricio Carrillo, archivó. El 10 de enero de 2023, en pleno caso El Gran Padrino, La Posta lo nombró por primera vez: Rubén Cherres Faggioni, alias Petrolero, el mejor amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, era socio de Gjika. Habían registrado siete compañías el mismo día, en la misma notaría, cuando Lasso se posesionaba en mayo de 2021. La red pedía puestos en Aduanas, Aviación Civil y BanEcuador y tenía militares comprados, según lo publicado entonces. Lasso nunca fue investigado por esto. Fue el primer día que el medio recibió una amenaza directa de la mafia albanesa.

La Fiscalía General del Estado, que dirigía la fiscal general Diana Salazar, reaccionó en febrero de 2023 anunciando que reabriría León de Troya como caso de narcotráfico. Terminó convirtiéndolo en el caso Encuentro, un expediente de corrupción política sin narcotráfico: el nombre del albanés salió del proceso. A fines de marzo de 2023 mataron a Cherres en una casa de Punta Blanca, a un kilómetro de la casa de playa del presidente, junto a un amigo que lo visitaba, su pareja de ese fin de semana y el guardia de la garita; alguien que conocía su escondite lo entregó. La Fiscalía acusó a dos sicarios; no tiene autor intelectual. Las grabaciones en que Cherres hablaba de Tony sobrevivieron porque estaban en un centro de interceptación bajo control de Estados Unidos. Después de la reapertura, La Posta contó los detalles societarios: Cherres y Gjika compartían Inmobil Real Estate, Drixsa, Drisdard, Trustal, Inmosat, Inducort, un montón de constructoras. La Superintendencia de Compañías las fue disolviendo en mayo de 2023.

Pasó un año y dos meses sin que nadie tocara a Gjika. En febrero de 2024 la Policía española, que había rastreado el dinero de la red hasta cuatro empresas en España, obligó a Ecuador a actuar. El operativo se llamaba Gran Fénix; como se parecía al plan Fénix del presidente, la Fiscalía de Diana Salazar lo rebautizó Pampa. Treinta detenidos, 42 allanamientos, 48 millones de euros en bienes incautados, 36 de ellos en Ecuador. Gjika no cayó. Según las averiguaciones de La Posta, alguien de la Fiscalía ecuatoriana le avisó: un mes antes del operativo empezó a traspasar acciones de sus empresas y una nota de Ecuavisa lo registró quince días antes. Los detenidos eran colaboradores menores; el más importante, Julio César Lalangui, alias El Agrónomo. La Policía española encontró certificados bancarios: la red había movido 35 millones de dólares por bancos ecuatorianos sin que un solo oficial de cumplimiento preguntara y sin un informe de la UAFE.

El 22 de agosto de 2024 Boscán, ya en el exilio, hizo el ejercicio: un año y siete meses después de la primera publicación, qué había hecho el Estado con las empresas. Mónica Velásquez y Cristian Torres revisaron la Superintendencia. Una constructora del Sky Building, una de las siete del mismo día, seguía activa y facturando. Construador, en liquidación por sospecha de lavado, había sido vendida en plena liquidación por Gjika a Carla Lorena Calasanz Valle, hija del liquidador que el Estado había designado, Manuel de Jesús Calasanz Pico; ella la revendió en veinte días y la empresa siguió operando; tenía más de un millón de dólares en activos líquidos. Riomel Gold Corporation, una arenera con acciones de medio millón, había sido fundada el 31 de octubre de 2023, después de las denuncias, por Gjika y Lalangui, con un permiso que llevaba la firma del Gobierno de Lasso. Cresmark, una bananera cuyo beneficiario final es Gjika, seguía activa y operando; los líderes de la red se movían en sus autos, que seguían rodando después del operativo. Agricomtrade, otra bananera, había pasado en febrero de 2024 al hijo de El Agrónomo.

El día anterior la Superintendencia había respondido a La Posta que existían informes técnicos y jurídicos aprobados para la disolución de las compañías del caso Gran Padrino; la disolución se anunció el día de la publicación. Agricomtrade fue disuelta el 22 de agosto de 2024. Dos semanas después, La Fuente publicó que la Superintendencia había mapeado 71 empresas relacionadas con Gjika, 17 con él como administrador o accionista, y que 40 funcionarios supervisan 180.000 sociedades. Boscán contó además cómo la mafia había conseguido liberar a dos procesados de Pampa y tenía tres más por salir: había hablado con un juez de Quito y con dos funcionarios de la Fiscalía cuyos nombres ofreció entregar. Cuando alguien sopló, el Consejo de la Judicatura presionó a la fiscal de turno y al día siguiente la Fiscalía formuló cargos por asociación ilícita contra dos personas en Los Ríos; el operativo se hizo desde la Judicatura con la Policía porque la Fiscalía no quería participar. La Posta identificó al menos siete socios de Gjika que no fueron procesados en Pampa.

En el centro de todo lo que no pasó hay una sola institución. La Fiscalía General del Estado de Diana Salazar fue la que decidió, en febrero de 2023, que León de Troya no sería un caso de narcotráfico sino uno de corrupción política; la que un año después rebautizó el operativo que le llegó armado desde España y lo presentó como un gran golpe al crimen organizado; la que dejó fuera del proceso al menos a siete socios de Gjika identificados por La Posta; y la que, según lo que Boscán publicó ese 22 de agosto de 2024, tenía funcionarios trabajando para la mafia. Boscán fue preciso en lo que decía y en lo que no: la acusación era contra gente de la institución, no contra la fiscal general, y ofreció entregar los nombres de los dos funcionarios con los que había hablado. Ese mismo día la Fiscalía desmintió públicamente que personas relacionadas con la mafia albanesa trabajaran en la entidad o entorpecieran el caso Pampa. Nadie recogió los nombres.

En enero de 2025 un tribunal condenó a ocho miembros de la red por lavado de activos: la Fiscalía calculó 43 millones lavados entre 2015 y 2023. Uno de ellos, Héctor Salomón Pesantes Sangurima, alias Glock, expolicía y dueño de la empresa de seguridad Agusepro, 340 empleados, recibió siete años. Su rol, según las autoridades, era coordinar envíos y facilitar logística; según las fuentes de La Posta, contaminar contenedores y montar anillos de seguridad para Gjika, incluido el día del operativo. Para febrero de 2026 estaba en libertad. Agusepro siguió operando: las acciones pasaron a Pedro Pesantes, su cuñado y primo. Una investigación de Connectas, Criminals and Contractors, rastreó 2,4 millones en contratos de esa empresa con el Estado, sobre todo con Celec, la eléctrica que en El Gran Padrino aparecía bajo control de Danilo Carrera.

Dritan Gjika fue detenido el 26 de mayo de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con orden de extradición ecuatoriana. Los documentos judiciales revisados por OCCRP describen instrucciones interceptadas: mantener las transferencias por debajo de 50.000 dólares para no alertar a las autoridades, y empresas en Emiratos y España para blanquear. En Ecuador la experta Katherine Herrera dijo en La Posta que la captura abriría la puerta a la estructura. En septiembre de 2026 la extradición seguía pendiente. El 3 de marzo de 2026 la Policía detuvo a 16 ecuatorianos vinculados a la mafia albanesa en el caso Costa. Dritan Rexhepi, el otro capo albanés, liberado por un beneficio penitenciario y fugado, fue capturado en Turquía en noviembre de 2023 y extraditado.

Los que la denunciaron pagaron su precio. El teniente coronel José Luis Erazo, que dirigió León de Troya, terminó investigado por la Fiscalía por haber investigado a los narcotraficantes; a los periodistas que siguieron la misma pista también los persiguieron. Boscán y Velásquez ya estaban en el exilio desde 2023, con dos demandas de medio millón de dólares de Danilo Carrera por haberlo nombrado; la audiencia de la segunda fue en febrero de 2026. Jorge Navarrete, del equipo, salió temporalmente por una investigación de narcotráfico. El Ecuador siguió siendo el principal exportador de cocaína hacia Europa, con el 7 por ciento de los procesados por lavado condenados entre 2020 y 2022 y 3.500 millones de dólares lavados por su sistema financiero solo en 2021, según el Observatorio de Crimen Organizado y la Global Initiative.

Diana Salazar dejó la Fiscalía en mayo de 2025, un mes después de terminado su periodo; días más tarde detuvieron a Gjika en Abu Dabi. De los seis años en que su despacho tuvo el caso quedó un expediente de corrupción sin narcotráfico, un operativo que le llegó hecho desde España, ninguna de las empresas activas procesada y, ya después de la publicación, una investigación fiscal sobre la red de compañías que el programa dejó a la vista. La abrió la misma institución que tenía el caso desde 2023.