La bala de plata de Morales

Carlos Luis Morales Benítez nació el 12 de junio de 1965. Fue arquero de Barcelona y de la selección en el Mundial de Italia 90, después presentador de deportes en televisión y después político: pasó por el roldosismo, por Centro Democrático de Jimmy Jairalá y por la alianza con el Partido Social Cristiano que lo llevó a la Prefectura del Guayas en mayo de 2019. En su primera entrevista con La Posta como prefecto electo prometió que los guayasenses sabrían hasta el último centavo y que jamás permitiría que le dijeran ladrón. La pandemia lo encontró ahí. Entre marzo y mayo de 2020 su Prefectura firmó unos quince contratos de emergencia por más de cinco millones de dólares. Dos se hicieron famosos: 70.000 mascarillas N95 a 6,71 dólares cada una, cuando en el mercado costaban tres o menos y había compras públicas a 2,40, y 5.000 pruebas rápidas de covid a 23,16 dólares, cuando el Municipio de Guayaquil las había comprado a 11.

La Fiscalía había allanado la Prefectura el 27 de mayo, en las oficinas de compras públicas y financiero, por presunto peculado. La Posta empezó el 28 de mayo de 2020 con la denuncia de sobreprecios: entrevistó al prefecto y, aparte, a Alejandro Vanelli, de SaludMed, la empresa de las pruebas PCR del Municipio de Quito, el otro escándalo del día. El 31 de mayo publicó un informe de cinco minutos, Los hilos del círculo de Morales, sobre otro contrato: 90.000 dólares por una proyección estadística del covid adjudicados a Zerasamiz S.A. Su presidente, Hermelindo Velásquez Castro, vive en Chongón, un sector popular a las afueras de Guayaquil, y contó a cámara que no sabe nada de empresas: un día funcionarios de la Prefectura le pidieron que prestara su firma.

Los hilos llevaban a la familia. El teléfono que Velásquez usó para firmar era el mismo de Cicerocorp, otra contratista de la Prefectura que él también preside. La contabilidad de Cicerocorp la lleva Miguel Ángel Calderón, el mismo contador de Talleres Multimarcas Autostar, la empresa de Xavier Vélez Velásquez y de su hijo Xavier Vélez Arcos, padre y hermano de Andrés Vélez Arcos, el hijastro del prefecto. Zerasamiz tiene entre sus accionistas a Mario Mantilla Cuello, dueño de Global Company, cuya contadora comparte teléfono registrado con Recreate y Comunicaciones, la empresa de Sandra Arcos, la esposa de Morales. Primicias las describió como seis empresas de papel con gerentes, accionistas, contadores y hasta el mismo número de teléfono en común.

El 1 de junio el PSC le dio la espalda: Jaime Nebot y Cynthia Viteri pidieron que se lo investigara y los asambleístas de la bancada firmaron un comunicado con tres salidas: entregar a los responsables, entregarse él o renunciar. El 2 de junio Morales denunció públicamente a los hijos de su esposa por las irregularidades en las adjudicaciones y dijo que actuaría caiga quien caiga; ese día Vicente Taiano anunció en Café la Posta que el partido iría por su destitución en el Consejo Provincial. La madrugada del 3 de junio una fuerza de tarea de la Fiscalía, con 45 fiscales, ejecutó allanamientos y detenciones simultáneas en Quito y Guayaquil por corrupción en la pandemia: en Guayaquil detuvo en su casa de la Kennedy Norte a Abdalá Bucaram, por los hospitales del Seguro Social, y allanó la casa del prefecto en la vía a Samborondón por presunto tráfico de influencias y peculado en la compra de insumos, pruebas y mascarillas. Esa mañana la Policía lo buscaba; horas después fue detenido. Sus hijastros estaban en paradero desconocido y su esposa terminó prófuga. El 4 de junio Morales fue procesado por tráfico de influencias, artículo 285 del código penal, tres a cinco años.

Morales se defendió en La Posta el 28 de mayo: aquí no hay ninguna corrupción, compró en un mercado colapsado cuando morían seiscientas personas al día en el Guayas y tenía 430 obreros que proteger; la suya fue la oferta más barata entre las que calificaron, dijo, y separó del cargo a Verónica Loaiza, directora de Desarrollo Comunitario, que firmó el contrato. El presupuesto anual de la Prefectura del Guayas rondaba los 300 millones de dólares, 168 comprometidos en deuda con contratistas.

Ese 4 de junio La Posta publicó la bala de plata. La investigación había puesto el ojo en un contrato de Morales con Bigmart, una empresa cuyo dueño, Pedro Morán, era el contador de Sandra Arcos. Al tirar del hilo, Morán resultó ser además exgerente y exsocio de Andrés Vélez Arcos, el hijastro, en Cynthialand, una firma de asesorías y consultorías hoy de Andrés y Xavier Vélez Arcos, con pocos clientes: casi todas las contratistas de la Prefectura. El esquema, según La Posta: la Prefectura contrata a Renauta, Bigmart o Cynthialand para exhibiciones deportivas, uniformes o administración de canchas; las empresas vinculadas a los hijastros cobran, simulan una asesoría con Cynthialand para justificar el pago, y Cynthialand traslada el 75 por ciento a compañías declaradas fantasmas por el Servicio de Rentas Internas, que sirven para retirar el dinero en efectivo. La Posta lo dijo con claridad: no había probado la participación directa del prefecto en la trama, aunque era difícil dudar de que supiera.

Y no empezaba en 2019. La Posta rastreó los contratos públicos de esas empresas: trece con la Prefectura por 1.783.000 dólares, concentrados entre 2014 y 2016 y, en esos años, todos en el área de deportes; al menos doce se firmaron bajo la administración de Jimmy Jairalá, entonces aliado de Morales en Centro Democrático. En esos años Morales era asesor de la Prefectura, enrolado en la dirección de Deportes, la que firmaba. En 2017, cuando pasó a concejal de Guayaquil, los contratos con la Prefectura cesaron y aparecieron contratos municipales por algo más de 250.000 dólares en 2017 y 2018. Cuando volvió a la Prefectura, volvieron las contratistas: poco antes de la emergencia, 150.000 dólares a nombre de Pedro Morán. Y como toda historia de cuello blanco, terminaba en Panamá: una sociedad offshore creada en 2017 a nombre de Andrés y Xavier Vélez Arcos y de Sandra Arcos, que no constaba en la declaración juramentada que la ley obliga a presentar y que prohíbe a los dignatarios tener vínculos con paraísos fiscales.

Morales salió con medidas sustitutivas y grillete electrónico. El 5 de junio el PSC reunió a sus alcaldes con Cynthia Viteri y anunció la destitución: hacían falta 22 votos del Consejo Provincial, tenía 15 y el proceso podía tardar de 30 a 40 días. El 8 de junio Jimmy Jairalá comentó el caso en Café la Posta: en su administración no sonó ninguna alarma, dijo, porque las empresas estaban calificadas, hubo actas y auditorías de la Contraloría de Carlos Pólit, y el Municipio de Guayaquil firmó tres contratos más con las mismas compañías. El 22 de junio de 2020, a los 55 años, Carlos Luis Morales murió en Samborondón. Según informó La Posta, sufrió un infarto fulminante y la autopsia halló enfermedades graves preexistentes; Primicias reportó una neumonía asociada al coronavirus. La Fiscalía abrió una investigación por el fallecimiento. La Contraloría había determinado en su informe el presunto sobreprecio en las compras. Era el prefecto de la provincia más golpeada por la pandemia y murió a los dieciocho días de abierta la instrucción fiscal en su contra. La destitución nunca se concretó.

El 20 de agosto de 2020 La Posta mostró un sobre de manila remitido por un abogado Alejandro Vélez, muy probablemente Javier Alejandro Vélez Arcos, el hijastro, y encontrado en el doble fondo de un cajón. Adentro había documentos que le llegaron al prefecto en los días en que peleaba por sostenerse en el cargo. La Posta lo llamó el testamento chueco de Morales: una carta en clave, dos fondos del rey, uno interno con la reina y uno externo; 5.000 mensuales para príncipes y princesas; el gasto operativo que generaría Bigote, es decir Nebot, en la guerra regional, es decir la destitución. Y dos tablas: una amarilla por 1,3 millones y una roja por 2,6, con la mordida por tipo de contrato: del 5 al 10 por ciento en vías y asfaltados, del 10 al 15 en estudios y fiscalizaciones, del 15 al 25 en consultorías y capacitaciones; proveedores a los que se les pedía el 7 o el 8; un listado de 85 personas para ingresar con sueldos de más de mil dólares. Morales no tenía declarada ninguna cuenta en el exterior, pero el sobre hablaba de fondos afuera. La Posta ofreció públicamente los originales a la Fiscalía. Para entonces la causa se mantenía contra su círculo: la esposa prófuga y los hijastros pidiendo caución, con un proceso adormecido una vez que el político había muerto. Ese programa también presentó a la nueva prefecta, Susana González: está todo más podrido de lo que imaginábamos, dijo; desvinculó a 200 personas, encontró 99 millones de deudas del Estado con la Prefectura y pidió auditar las dos concesiones viales, ampliadas hasta 2026 y 2029, que se llevaban 7 millones al mes.

Sin Morales, el caso se desinfló. El 9 de noviembre de 2020, en la audiencia preparatoria, la fiscal se abstuvo de acusar a Sandra Arcos y a uno de sus hijos; fueron sobreseídos y absueltos en diciembre. Cinco quedaron fuera del proceso. El 12 de enero de 2021 un juez llamó a juicio a cinco personas por tráfico de influencias: Cecilia Honce, exdirectora de Desarrollo Comunitario; Nelson González, director financiero de la Prefectura; y los contratistas José Luis Vásconez, Ana Guacho y Mary Mendoza. Guacho había recibido más de 1,3 millones por equipos de fumigación y amonio cuaternario; Mendoza, 143.000 por equipos de protección.

El juicio se instaló el 1 de septiembre de 2022 y duró dieciocho días. El 20 de septiembre de 2022 los jueces Byron Andrade, Henry Morán y Richart Gaibor absolvieron a Honce, González, Guacho y Mendoza. Vásconez, el quinto, está prófugo y no pudo ser juzgado. Un tribunal superior ratificó la inocencia de los cuatro. Nadie fue condenado por las mascarillas, las pruebas ni los contratos de la familia. Las seis empresas de papel siguen en el registro.

La historia tuvo una continuación inesperada. En enero de 2026 mataron en Isla Mocolí a alias Marino, cabecilla de Los Lagartos. Su pareja era Micaela Morales, hija del exprefecto, y la cancha la había reservado Andrés Vélez, el hijastro de la bala de plata. Esa investigación está en el expediente Las cuentas de la narcoelite.